La plataforma Sentencia Tranvía ha hecho público que el pasado viernes 5 el Tren Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz, hacia su aparición nuevamente por la traza de la Calle Real, siendo el momento de ruptura, desde el inicio del gobierno del PP en la Junta de Andalucía y después que esta plataforma ciudadana, se paseara ante el presidente de la Junta que este derivó en la Consejera, ante la Delegada territorial de Fomento de Cádiz y ante la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, señalándole la caracterización jurídica del mencionado medio, puesto que tiene dos sentencias de nulidad firmes, que la Calle Real es del Estado, aportándole documental al respecto y donde se le señalaba de que la Comisión Europea lo considera no funcional y un largo etc, inclusive reiterando en varias ocasiones de la necesidad de que la Delegada del Gobierno, la Sra. Mestre escuchara las actuaciones de esta plataforma ciudadana, pues bien, no ha sido así y el gobierno del PP, la Sra. Mestre y Colombo han metido un Tranvía Ilegal, en plena Calle Real, una calle de la que no poseen título de propiedad alguno, gastando dinero público en semejante pruebas dinámicas y con semejante caracterización jurídica y creando un potencial escenario de inseguridad ciudadana, dado el lamentable estado de los equipamientos públicos, dígase Cruz Roja, dígase Lazaga, dígase Casa de la Juventud en estado ruinogeno y que los efectos inducidos del Tranvia, podría llevarnos a un gravísimo escenario de seguridad ciudadana, jugando con la integridad física de los isleños, recordemos los cristales del Centro de Congresos, momentos después del paso del tranvía.

Por ello, esta plataforma ciudadana ha activado "los medios que nos proporciona el Estado de Derecho, presentando denuncia en el Juzgado de Guardia de Cadiz,sede de las AA.PP referidas, NOMINALMENTE, a sus representantes, por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia a resoluciones judiciales y delitos contra la seguridad colectiva y se ha solicitado MEDIDAS CAUTELARES de suspensión de las pruebas y la petición de intervención en paralelo de otro órgano jurisdiccional, dígase el TRIBUNAL DE CUENTAS, por el empleo de dinero publico, para una obra ilegal…creemos que es el Estado de Derecho el que debe de hablar, ya esto apuntaba maneras, cuando en Génova 13 lo ignoraron durante tanto tiempo…"