3R, manifiesta que “jamás pensó que fuera necesario hacer uso de la Justicia e impensable en un Estado Democrático y de Derecho avanzado como el nuestro y cuarta economia de la eurozona, que la alcaldesa de un pequeña ciudad del mismo, se permitiera la osadia politica de no sólo vulnerar cuatro disposiciones legales,que le obliga tal evento, sino que a niveles prácticos, supone secuestrar la información a la ciudadania, del uso y destino de 22 millones de euros de dinero público,algo así como el 31 por ciento del presupuesto de la ciudad, algo inaceptable,intolerable e impropio de un democrata,pero por fortuna,tenemos medios y sistemas para corregir estos abusos y en ello se encuentra esta formación politica”.

3R, después de denunciar desde el comienzo de este mandato corporativo por tierra, mar y aire, que la Relación de Puestos de Trabajo-RPT-del Excmo Ayuntamiento de San Fernando,estaba soportado por un documento con fecha de 16 de marzo de 2009 y que esta situación vulneraba el ordenamiento juridico y tras peticionar su resolución,via ordinaria,y tras ser ninguneada por este eguipo de gobierno,se optó por ejecutar el derecho de petición, que tras un proceso de tres meses, plazo tasado para resolverlo, la alcaldesa de la ciudad,ha decidido no informar a los isleños,del uso de esa ingente cantidad de recursos públicos.Pues bien este partido politico ha decidido ejecutar la tutela judicial efectiva,que nos faculta el mencionado instrumento,en los JUZGADOS correspondientes.

“Ni que decir tiene de la gravedad,para la salud democrática de nuestra ciudad,que sea necesario JUDICIALIZAR la política municipal y en este caso, para que el isleño,tenga acceso a la información, que la ley le ampara a ello y que sus servidores públicos, estos,que sufragan y costean esos mismos isleños, les nieguen la información de -a quién, cómo y por qué- se les pagan esos 22 millones de euros; insolito e irracional,pero real como la vida misma”, concluye.