Delincuencia Económica-Blanqueo de Capitales (DECO) está investigando la contratación de un seguro con dinero público del Consorcio de Bomberos, para el pago de las prejubilaciones de algunos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos (CBPC), entre los que se cuentan cargos directivos, altos cargos del ente y el anterior gerente socialista, Andrés Beffa.

La Policía registró las oficinas centrales del Consorcio en la capital gaditana, por orden de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Los hechos que ahora se investigan fueron puestos en conocimiento de la jueza por la fiscalía tras una denuncia presentada por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC) en 2013.

Según explica el SBC en nota de prensa, “es una presunta malversación de fondos y un fraude a la administración‘ seguro diferido con participación en beneficios”, y según explican los miembros del Sindicato de Bomberos, eso se refiere a “un seguro de jubilación del que tuvimos conocimiento en el año 2011 a través de unas pólizas que recibimos los bomberos, emitidas por la compañía aseguradora Aviva”

.El seguro que ahora investiga la UDEF, y que denunció el SBC, entró en vigor tras un acuerdo que se firmó entre los dirigentes del Consorcio y los delegados sindicales de CCOO, a quienes también apunta la denuncia del Sindicato de Bomberos de Cádiz.

“Observamos una diferencia abismal entre unos beneficiarios [del seguro] y otros [...]. Entre los beneficiarios estarían el que era gerente del CBPC en el momento en el que se firmó este acuerdo [Andrés Beffa del PSOE], algunos técnicos, sin olvidar a los que eran presidente y secretario de la Junta de Personal del Consorcio”, se explica en la nota de prensa del Sindicato de Bomberos.

Los cálculos de los miembros del Sindicato de Bomberos “se embolsarían más de 300.000 euros cada uno”.

El Real Decreto 383/2008 establece que los miembros del cuerpo de bomberos pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 60 años por desarrollar “trabajos de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”. Pero según denuncian desde el Sindicato de Bomberos, los altos cargos y directivos que se acogieron a estas prejubilaciones y que, por consiguiente, cobraban las abultadas pólizas del seguro firmado con Aviva, no estaban bajo la categoría profesional que establece el Real Decreto como trabajos de naturaleza peligrosa. En ese caso, el seguro privado que se acordó contratar con dinero del Consorcio, estipulaba que los prejubilados cobrarían una compensación económica hasta cumplir los 65 años.

En cualquier caso, las pensiones que cobren tanto los bomberos rasos como los jefes de parque, inspectores, subinspectores, intendentes jefe de zona y el propio gerente, no pueden superar por ley la cifra máxima de 2.560 euros brutos al mes.
Según la denuncia que hace pública el Sindicato de Bomberos, “ahí detectamos las diferencias abismales. Nosotros en ningún caso, ni siquiera incluyendo el complemento de ese seguro, llegamos al máximo que fija la ley”. Mientras que los altos cargos del Consorcio y algunos delegados sindicales de CCOO a los que apunta el Sindicato de Bomberos, recibirían el salario íntegro a pesar de haberse prejubilado y “superan con creces la pensión máxima de 2.560 euros”.