José Ángel Expósito, candidato a la Alcaldía de San Fernando por UPyD, quiere que “los grupos que componen el arco plenario, presenten su contabilidad con respecto a las asignaciones, o mejor dicho a las 'subvenciones' que reciben de la caja común de los isleños, unas subvenciones que no están bajo ningún control y que la cantidad a repartir la determina la propia corporación libremente, es decir, los grupos políticos que la integran, ya que en la Ley General de Presupuestos, no fija ningún límite”.

La nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la “Reforma Local” recoge en su exposición de motivos que “se pretende una mayor transparencia en la información económica”, “pero se han olvidado de regular las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, que sigue quedando al capricho del pleno municipal, por lo que se han olvidado de regularse a ellos mismos”, recuerda.

Los preceptos legales de la Ley, exigen que cada grupo tenga que llevar una contabilidad de la subvención, y que además la deban de poner a disposición del pleno de la corporación cuando este se la pida. “Evidentemente quien hizo la ley hizo la trampa, ya que sería ridículo pensar que ellos mismos se fiscalicen sus subvenciones”, apostilla.

“De lo anteriormente reseñado se deduce que la contabilidad la lleva el propio grupo y solo la muestra al pleno cuando éste la pida (algo que como todos podemos imaginar no ocurre), y es que la contabilidad municipal solo registra las salidas del dinero que le da a los grupos pero no tiene los justificantes del destino dado por el grupo al dinero, por lo tanto esta contabilidad de los grupos no se integra en la cuenta general que cada año debe aprobar la corporación, así que tampoco puede ser fiscalizada por el Interventor Municipal y tampoco por el Tribunal de Cuentas, que lo único que fiscaliza es la cuenta general”, señala.

Para UPyD ha sido “una oportunidad perdida que el gobierno no haya regulado las asignaciones a los grupos políticos en la propia Ley de Reforma Local. La situación no ha variado de la anterior, Ley de Bases de Régimen Local, que los grupos municipales rindan sus cuentas solo cuando se los solicite el pleno, acción ésta que choca frontalmente con las demandas sociales sobre transparencia política y con la propia Ley de Transparencia elaborada por el gobierno, que establece que la misma tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, así como su funcionamiento y control de la actuación pública”.

Por ello, el que la ley de la reforma local no contemple la presentación de la contabilidad de los grupos al pleno para su fiscalización por el Interventor Municipal igual que la LBRL, no es óbice para que el propio Ayuntamiento como los grupos que lo integran, voluntariamente presenten una moción conjunta en el Pleno para que se regule las subvenciones recibidas y su presentación anual en el pleno. Ante esta situación, y como UPyD no tiene el convencimiento de que los grupos municipales accedan ante esta petición, “UPyD se compromete y así lo lleva en su programa que se fiscalizará por el Interventor Municipal todas las partidas que salgan de la caja común de los isleños inclusive las subvenciones a los grupos políticos locales”.