José Ángel Expósito, Coordinador Local de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en San Fernando, muestra su total apoyo y solidaridad con los padres de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Isla de León”, que están defendiendo, que por parte de la Junta destinen dos monitores a jornada completa para que sus hijos, que necesitan de un apoyo continuado durante la jornada lectiva, puedan seguir sus estudios con total normalidad como cualquier otro alumno de su edad.

Para Expósito, el “cinismo político” que embauca a la Junta de Andalucía, no tiene parangón, ya que defienden un discurso muy distinto de las acciones que llevan a cabo. No cumplen con el compromiso adquirido a través de su propia norma legal que establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos/as andaluces con necesidades educativas especiales, y defienden:

“un compromiso global por la promoción educativa de los andaluces que se extiende, sin discriminación alguna, a toda la población y conlleva el empleo de los medios y recursos necesarios para que aquellas personas que, por diversos factores, encuentren especiales dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, reciban una atención personalizada de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades” (Decreto147/2002, del 14 de mayo)

El representante de UPyD en San Fernando resalta que "la ESO se organiza bajo los principios de educación común y de Atención a la Diversidad del alumnado (Artículo 22 LOE y artículo 46.22 LEA), estableciéndose una serie de medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares. Para UPyD, son las Administraciones Educativas las responsables de disponer de los medios necesarios, en este caso de dos monitores a jornada completa, para que estos alumnos puedan alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general a la Ley Educativa. La ley autonómica ampara a estos alumnos, pero son los mismos que han diseñado esta norma los que la incumplen sistemáticamente, demostrando que la normativa que regulan se convierte al instante en papel mojado".

Por tanto, "es obligación por parte de las Administraciones Educativas revisar las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos que presentan una atención o necesidad especifica en su correspondiente dictamen de escolarización, para poder satisfacer las necesidades de los alumnos y los recursos específicos o especiales que necesiten", manifiesta.

Esta situación es especialmente significativa ya que "la realidad actual no sólo afecta a los propios alumnos, sino que también se ven afectadas sus familias que tienen que permanecer en el centro para ver si sus hijos son atendidos adecuadamente", destaca.

UPyD, exige al alcalde que "se implique y medie para conseguir ya una solución a esta situación, pues con la actual disposición de personal no se cubren dichas necesidades para estos dos alumnos".