El grupo parlamentario de UPyD en el Congreso, ha preguntado al Gobierno sobre la legalidad del proyecto de obra del Tren-tranvía y la respuesta a dicha pregunta es que: “le ha pedido a la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, información detallada sobre el expediente y su impacto en la ejecución de Tren de la Bahía de Cádiz, con el objeto de valorar las medidas a adoptar para asegurar la legalidad y regularidad del gasto cofinanciado en relación a este proyecto”.  

El coordinador local de UPyD, José Ángel Expósito, entiende que "el Gobierno le ha pedido al Director General de Fondos Comunitarios en España, José María Piñero Campos, que pida información a la Junta de Andalucía, sobre la legalidad del proyecto de obra del Tren-tranvía, y así asegurar que no se haya cometido algún tipo de irregularidad en la correspondiente cofinanciación, de la que el 80%, ha sido aportada por parte de la UE, para este proyecto"

Entiende UPyD que se crea "una situación comprometedora, que el Gobierno deja a la Junta de Andalucía, ya que pone en entredicho la legalidad del proyecto del tren-tranvía, porque ahora ésta tendrá que demostrar obligatoriamente si existe, como afirma el Delegado Provincial de Fomento de la Junta,  Manuel Cárdenas, una sentencia posterior y revocatoria a la emitida por el TSJA en octubre de 2010, sobre la nulidad del proyecto de obra del Tren-tranvía". Pero Expósito también quiere "destacar que el Gobierno central del PP, pone en una situación bastante delicada al alcalde también del PP, José Loaiza, ya que si la Junta no logra demostrar la legalidad del proyecto de obra del Tren, el alcalde sería también responsable, ya que por acción u omisión ha permitido la realización de una obra que es nula de pleno derecho, según sentencias firmes del TSJA".

"También queda en evidencia el parlamentario de IU por Cádiz, Ignacio García, cuando en declaraciones a la prensa dijo que: “el proyecto cuenta con el aval de la Comisión Europea, con un presupuesto de 135 millones de euros”, cuestión que no es cierta, ya que la Dirección General de Fondos Comunitarios (FEDER), le ha pedido a la Junta que justifique la legalidad del proyecto, como hemos reseñado anteriormente y por tanto ese aval no se está ejecutando", añaden.

Por tanto, y ante estos hecho, Expósito advierte al alcalde que "aún no es tarde para poner cordura en todo este asunto y suspenda toda actividad en relación a la obra de tranvía a su paso por la ciudad, hasta que la Junta presente la documentación solicitada, y se pueda comprobar que se está haciendo todo bajo la más estricta legalidad, como corresponde a una administración pública. UPyD seguirá trabajando, como hasta ahora, a nivel local, autonómico y nacional, para que se esclarezca definitivamente este asunto y se establezca la legalidad".