El PSOE de San Fernando ha anunciado hoy que pedirá la convocatoria urgente de la junta de portavoces del Ayuntamiento, con el objetivo de que se den explicaciones y se conozca con detalle todo lo sucedido con la imputación de dos agentes de la Policía Local por delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación por el uso de un vehículo de alta gama que se encontraba en el depósito municipal destinado a ser reciclado, si bien fue sacado de este lugar para su posterior uso por parte de un familiar de uno de los agentes detenidos.

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Fernando León, ha mostrado su preocupación porque este caso de “descontrol y falta de atención por el equipo de Gobierno” hacia la Policía Local perjudica la imagen de un cuerpo valorado por los ciudadanos “pero abandonado por el concejal del área, Daniel Nieto, más preocupado en sustituir al alcalde Loaiza cuando éste no puede cumplir con la ciudad, que en ver los problemas de su delegación y las carencias tanto organizativas como en infraestructuras que padece la Policía Local de San Fernando”, asevera León.

El viceportavoz del PSOE afirma que los problemas en este cuerpo son una constante “desde que el PP es el responsable de esta delegación, hace ya siete años”, y recuerda que la formación socialista denunció en 2013 la mala utilización de la galería de tiro para uso privado de un interesado, asunto que se saldó con una sanción testimonial y que se tardó diez meses en solventar, puesto que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de esta irregularidad en marzo, cuando la Guardia Civil notificó los hechos. “Aquello fue un escándalo causado por un descontrol de la instalaciones policiales y el uso indebido de su material, y ya denunciamos que estaba ocurriendo desde el año 2007; ahora nos encontramos con otro asunto muy grave en el que además se están ofreciendo informaciones contradictorias en los medios de comunicación, fruto de la falta de transparencia por parte del delegado Daniel Nieto que, haciendo gala de la actitud habitual del equipo de Gobierno de Loaiza, no afronta lo sucedido inmediatamente ni da explicaciones a los ciudadanos”, asevera Fernando León.

El representante socialista afirma que hay preguntas en el aire que deben ser contestadas con claridad si el PP pretende evitar un escándalo similar a otros anteriores. “Hemos tenido conocimiento de que no se ha pagado la tasa de retirada del vehículo. Si se encontraba en las dependencias municipales y existe la obligación de abonar esta tasa, ¿cómo ha salido de allí? Hemos recabado información y nos trasladan que el vehículo se encontraba sin ruedas. ¿Quién lo ha equipado? Tan grave es que se haya llevado a cabo un proceso irregular como que el impago de la tasa o la manipulación del coche, de manera que tantos interrogantes exige respuestas que, si no se ofrecen en la junta de portavoces, tendremos que dar un paso más”.

Para León, el desinterés que demuestra Daniel Nieto hacia la Policía Local “desmotiva a la plantilla, que ve cómo el concejal del PP no se reúne con sus representantes para debatir los problemas que denuncian históricamente, como la falta de recursos materiales o la carencia de agentes. Un ejemplo de ello –apunta el viceportavoz socialista- es que el Ayuntamiento sigue guardando en el cajón la convocatoria de doce plazas de policía local que necesita el cuerpo y mucho nos tememos que, además de estar paralizado el proceso por la falta de gestión municipal, la intención del Gobierno de Loaiza sea ahorrarse este necesario servicio a la ciudadanía, no poniéndolo en marcha y esperando que lleguen las elecciones de 2015 para ver qué sucede después”.

Finalmente, el político socialista reclama al Gobierno local que se apresure a convocar la junta de portavoces “porque es necesario salvaguardar la imagen de la Policía Local, y en el caso de que se determinen responsabilidades, se asuman por los autores o por los responsables políticos negligentes en sus funciones, conforme al artículo 434 del Código Penal sobre delitos contra la administración pública y malversación.