Taxi aparcado en la Plaza de la Iglesia.

Los taxistas isleños continúan esperando la intervención de las autoridades municipales para frenar el cada vez mayor intrusismo en el sector por parte de transportes 'pirata'. Una praxis nefasta para este gremio que cobra especial protagonismo durante las vacaciones de Navidad, verano y Semana Santa aunque se prolonga, de hecho, a lo largo de todo el año.

Según Manuel Oliva, secretario de la Asociación de Taxistas de San Fernando, es la estación de Bahía Sur la zona más afectada por la situación dado que "apenas arrancan taxis desde el aparcamiento tras la llegada de trenes de larga distancia". Esto es debido, según Ruiz, a que no sólo los particulares ofertados por Internet practican este intrusismo sino que son los propios negocios hoteleros quienes ofrecen un servicio de recogida en estaciones y aeropuertos. "Algo completamente ilegal, dado que estas empresas tienen la posibilidad de trasladar inquilinos desde el hotel, pero en ningún caso ir a buscarlos a la estación".

Agrava además la situación el hecho de que los taxis pirata, en ocasiones, ni siquiera se preocupan de realizar su tarea con discreción, sino que "llevan un cartel para que el usuario los identifique", agrega el secretario del colectivo, impotente ante imposibilidad de reclamar la documentación a los conductores. Es por eso que el gremio comenzó a demandar la intervención de la Policía Local mediante coches patrulla que controlen las zonas clave para evitar así el perjuicio de los taxistas.

Ya durante el pasado mes de agosto, el Gobierno municipal se reunió con Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, para estudiar la problemática y adherirse a una campaña de concienciación promovida por esta entidad en colaboración con diversos colectivos de consumidores, empresarios y entidades portuarias. Dicha iniciativa pretende analizar la situación para buscar soluciones efectivas, que eviten la sanción, pero partiendo del respeto a la profesión del taxista como premisa fundamental. Las razones, esgrimía Ruiz, se centraban en "la poca ética con la que determinados particulares usurpan este servicio público". Asimismo sentenciaba que "los consumidores de los taxis pirata son los primeros perjudicados al carecer de seguro, posibilidad de reclamación o rebaja económica", sin obviar el delito administrativo en el que incurren, y del que muchas veces no son conscientes, al optar por esta oferta ilegal que bajo ningún concepto cumple con la normativa aprobada por la Asociación de Consumidores de Andalucía.

Ninguna mejoría ha percibido el colectivo desde que se produjeran estas reuniones. Sus integrantes, no obstante, han decidido dar un voto de confianza al Gobierno municipal para que regule la situación antes de que se venga abajo un servicio que da de comer a tantas familias, pero no dejan de preocuparse, ya que "si esto sigue así, acabaremos todos de brazos cruzados", inciden.