El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, asegura ser consciente de que la situación en la que trabajan jueces y empleados de los juzgados de San Fernando (Cádiz) es "muy difícil", por lo que la Junta trabaja para encontrar "una solución transitoria"

   En declaraciones a los periodistas en Cádiz, De Llera ha aludido a las dificultades del traslado "hasta que pueda construirse algo o decidirse algo", ya que, según apunta, "estamos pendientes de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial del Gobierno de la nación", pues si se aprueba "es probable que quede absorbido por Cádiz y desaparezcan los juzgados de San Fernando".

No obstante, según han indicado a Europa Press fuentes de la Junta, se está trabajando en la licitación para el alquiler de una nueva sede alternativa. Comentan que "ya se ha mirado en el mercado y alguna posibilidad habría". Además, ya se han aprobado los informes preceptivos previos, que son de Patrimonio, Intervención y de Infraestructuras.

Detallan las citadas fuentes que las necesidades de la Junta en San Fernando van en una doble vía, la de lograr unas instalaciones más grandes que ronden los 2.000 metros cuadrados y que el precio del alquiler entre dentro de lo que la Junta de Andalucía puede permitirse.

Por otra parte, avanzan que se trabaja también en el traslado de los juzgados de Marzales en Algeciras. En ese caso también están aprobados los informes preceptivos previos y se va a sacar a licitación. La cuestión está "más avanzada" que en San Fernando y estiman que la licitación podría publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "la próxima semana", pudiendo conocerse ya las ofertas y demás aspectos "para finales de febrero".

También se trabaja en la misma línea para el traslado de los juzgados de La Línea de la Concepción, si bien este caso va más lento al no tener aún los informes preceptivos.

Desde la Junta han indicado que estas tres licitaciones "no van en contra del plan de ahorro" puesto en marcha por la Consejería en todas las provincias, cifrando en tres millones de euros el ahorro obtenido en gastos de funcionamiento en la provincia de Cádiz desde 2011 sin que se mermen los servicios que se ofrecen.