El Grupo Municipal Andalucista ha mostrado hoy su apoyo al colectivo de procuradores y, en última instancia, defiende a todos y cada uno de los ciudadanos de San Fernando. Presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento de San Fernando, para hacer ver que "las competencias profesionales de este colectivo se ven amenazadas por el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, aprobado el pasado 2 de agosto por el Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Economía. Este documento es un paso atrás en las competencias otorgadas por la legislación a la figura del procurador, una figura que se ha ido potenciando durante los últimos años en sucesivas reformas legislativas. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de mayo de 2013 incluso prevé su actuación como agentes de la autoridad más allá de la representación procesal de las partes que ya desempeñaban. De hecho, refuerza la equiparación de los procuradores con profesionales análogos de otros Estados miembros de la Unión Europea para armonizar la Legislación Procesal del Estado Español con la Comunitaria. Los avances incluidos en este documento son contradictorios con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales".

"Este Anteproyecto olvida por el camino muchos de los logros conseguidos. Por un lado, elimina la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de la abogacía y de la procura, permitiendo a abogados y procuradores el desempeño de las funciones de representación legal de las partes en los procesos judiciales. Ésto contraviene el Artículo 23.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que declaraba la incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de abogado y procurador. Hay que recordar que mientras el abogado persigue el interés exclusivo de su cliente el procurador representa a éste pero como colaborador de la Administración de Justicia", destaca.

Por otra parte,-señala- "elimina la remuneración de los procuradores a través de aranceles, a excepción de cuando actúen como agentes de la Autoridad, justificando la supresión de los mismos como medida económica destinada a abaratar el proceso cuando éstos implican una garantía para consumidores y usuarios y sus precios están fijados y moderados por el legislador y a ellos han de someterse todos los procuradores".

Francisco J. Romero, primer secretario del PA en San Fernando, abunda en que "Si este Anteproyecto de Ley prosperase perjudicaría la labor de más de 50.000 profesionales del país, de los que en torno a 1.800 son procuradores andaluces, alrededor de 250 trabajan en el marco de la provincia gaditana y diecisiete son isleños. El cambio también afectaría a numerosos colaboradores de este colectivo profesional, que verían como peligra la propia continuidad de sus empleos".

Añade que "prueba de que la justicia sería más lenta sin estos profesionales es que donde no hay procuradores se generan problemas tales como dilaciones indebidas y disfunciones en la tramitación procesal, ya que la labor de los mismos elimina los puntos muertos en la tramitación procesal y descarga a la oficina judicial del trabajo gestor que supone la comunicación personal y efectiva de las notificaciones. Estos profesionales, como únicos interlocutores, tramitan todas las notificaciones y se encargan de resolver todas las incidencias que diariamente se producen".

El Grupo Municipal Andalucista rechaza este Anteproyecto "al no comprender cómo en junio de 2012 el Ministerio de Justicia apostaba por atribuir nuevos cometidos a los procuradores en determinadas fases de ejecución de los procedimientos judiciales para agilizar la Administración de Justicia para que tan sólo un año después el Ministerio de Economía desdijera al de Justicia".