El Pleno municipal celebrado el pasado 31 de mayo aprobó una Moción presentada por IU, con 13 votos a favor (PSOE, PA e IU) y 12 votos en contra del (PP y CxLI), en la que se muestra el rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se rompió la unidad de voto de los partidos que forman el Gobierno Municipal ante una ley que ataca directamente los principios básicos del municipalismo.

En la Moción se exige al Gobierno Central que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, convocando una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto, y sobre el presente y futuro del municipalismo, y reuniendo también a la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales, con el fin de debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

El Ayuntamiento también tendrá que adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma, incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad, así como adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.

Esta reforma de la legislación local supone el mayor ataque a los Ayuntamientos Democráticos en su corta experiencia histórica. Supone una vuelta a la centralización y a su anterior papel como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. Con esa iniciativa, se pretende convertir la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles, iniciada en 1979, en una excepcionalidad histórica. Elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, fortalece la deriva autoritaria, y el alejamiento de la política de una población que, sin embargo, exige más participación, más democracia y más transparencia. Pero el gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.

Desde su constitución, los Ayuntamientos Democráticos han desarrollado su actuación en el servicio a la comunidad que gobiernan en dirección a una permanente, aunque desigual, descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a los que sirven y gobiernan. Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden.

La reforma ignora las competencias autonómicas sobre régimen local, y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado, en pie de igualdad con las demás administraciones. La obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como un objetivo el favorecer la iniciativa económica privada, limitando la intervención administrativa.

En resumen, provoca un vaciamiento y disminución de las competencias de los Ayuntamientos, el reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones, la intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y la pérdida de competencias entre los menores de 20.000 habitantes, en favor de las Diputaciones, y el establecimiento de dos tipos de Entidades Locales Autónomas.

También traerá la recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal, una apuesta por la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento de la administración local, con la supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente. Desaparece el principio de autoorganización municipal y de autonomía local, y la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local. Introduce indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

Esperamos que el Alcalde cumpla sus deberes democráticos haciendo efectivos los acuerdos de esta Moción, y entre ellos el que el acuerdo aprobado en Pleno sea comunicado, a la mayor brevedad, al Presidente del Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, tal y como dice el último punto de los acuerdos de la Moción aprobada.