La secretaria del PSOE isleño, Araceli Maese ha destacado que "El Defensor del Pueblo pone de ejemplo a San Fernando para criticar el abuso en el pago de plusvalías en ciertas materias, como es el caso de los desahucios. Según se recoge en su Informe sobre la Administración Tributaria, han sido muchos los ciudadanos que han elevado quejas para mostrar su “perplejidad” al conocer que, no solo el inmueble que constituía su vivienda habitual había sido objeto de subasta judicial tras un proceso de desahucio procediéndose a su adjudicación a un tercero, sino que además debían hacer frente a un impuesto municipal como consecuencia de tal hecho".

Para ilustrar este epígrafe el Informe del Defensor del Pueblo expone el caso 12/2653. Es una queja de un ciudadano de San Fernando desahuciado que se ve obligado a pagar esta plusvalía. De esta manera, el isleño expone en su reclamación que pese a haber sido desahuciado, el Ayuntamiento de San Fernando le había liquidado el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía) por la trasmisión de dicho inmueble y, además, al no haber efectuado la oportuna autoliquidación, había dictado acuerdo de apertura y propuesta de resolución de expediente sancionador contra su persona, en la consideración de que el impago de la plusvalía constituía una infracción de carácter leve, (tipificada en los artículos 183 a 191 de la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General Tributaria).

La persona desahuciada trasladó al Defensor del Pueblo su total disconformidad con estas actuaciones por considerar que el pago de la plusvalía es injusto y empeoraba aún más su situación como desahuciado. Además, de su absoluta discrepancia con el expediente sancionador incoado en su contra por entender que incrementaba el grado de injusticia de la situación que está padeciendo.

“Aunque debamos admitir que la actuación realizada es conforme a derecho, esta Institución no puede dejar de señalar la manifiesta injusticia que se deduce de la misma.

En efecto, la grave situación económica que afecta nuestro país está provocando, entre otras muchas tragedias, que muchos ciudadanos se vean despojados de sus viviendas. A esta situación de injusticia y desprotección, viene a sumarse como agravio añadido la obligación de afrontar el pago de los impuestos resultantes de una trasmisión patrimonial no querida y, en algunos supuestos como el presente, el verse incursos en procedimientos sancionadores por no haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones tributarias”, según recoge en su informe el Defensor del Pueblo.

Una situación que requiere de sensibilidad y de la que carece, según el PSOE de San Fernando, el actual Gobierno municipal. Y es que el Partido Popular “desoye una y otra vez”, las medidas que la oposición lleva al pleno para intentar atajar este problema o al menos aliviar parte de la realidad a la que se enfrenta un desahuciado.

De esta manera, el PSOE en el pleno del pasado mes de marzo ya propuso que una vez aprobado el presupuesto del Ayuntamiento de San Fernando para 2013, se establezca un procedimiento coordinado de aplazamiento en el pago de este impuesto, de forma que las personas afectadas no tengan que realizar el ingreso, ante su situación de falta de liquidez. Además de, ante la imposibilidad de establecer bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, fijar una ayuda compensatoria por el importe correspondiente del citado impuesto. Para ello se debería crear una partida presupuestaria en donde los créditos consignados tengan el carácter de ampliables con los ingresos que se produzcan por el pago del impuesto. como consecuencia de la transmisión de la vivienda habitual fruto de un procedimiento de ejecución hipotecaria o mediante la dación en pago. Todo ello rechazado por el PP.

 "En este caso aunque el PP cumple la ley, ahoga doblemente al ciudadano desahuciado ya que abre un expediente sancionador contra esta persona, agravando el grado de injusticia de la situación por la que está atravesando. El PSOE considera que estamos en un momento de grave crisis que está provocando muchos problemas a los ciudadanos y en esta situación tanto los políticos como las administraciones deben estar al servicio de los vecinos para solucionar sus problemas y no mostrar ‘mano dura’ con los más débiles”, expuso la secretaria local, Araceli Maese.

Para el PSOE, que el Defensor del Pueblo Andaluz haya puesto a San Fernando como ejemplo de falta de sensibilidad ante este grave problema debe “avergonzar al equipo de Gobierno, aunque haya cumplido la norma. Porque las personas están primero”. De esta forma los socialistas piden al alcalde, José Loaiza, que no le dé la espalda a los desahuciados en San Fernando y que implante las medidas que ya se están acometiendo en otros ayuntamientos. Como es el caso de la firma del Convenio de Colaboración del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, cuyo objetivo es establecer las líneas de colaboración entre Vivienda de la Junta y el Ayuntamiento para ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de La Isla el asesoramiento, la intermediación y la protección adecuadas para prevenir que puedan perder su residencia habitual y permanente, cuando atraviesen dificultades que la pongan en riesgo, con la finalidad de evitar que sean privadas de la misma.

También se solicita la puesta en marcha de un plan especial de ayudas sociales para personas desahuciadas; que se exija a las entidades financieras que operan en San Fernando, la paralización inmediata de los expedientes de desahucio actualmente abiertos por insolvencia sobrevenida; así como que propicien que las promociones de viviendas vacías de su propiedad puedan formar parte de la oferta municipal de alquiler social.

Para coordinar estas iniciativas el PSOE propone la creación de un grupo de trabajo con la presencia de los grupos políticos municipales y los agentes sociales para buscar alternativas a las familias afectadas. También que se creen protocolos de actuación de Servicios Sociales en casos de desahucio, y colaboración al objeto de solicitar al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual. Por último, la retirada de depósitos por parte del Ayuntamiento de aquellos bancos con los que trabaje y que mantengan los desahucios contra familias de La Isla.

“Los isleños no se merecen que su alcalde en vez de buscar medidas para paliar la situación de los desahuciados en San Fernando, les abra expedientes sancionadores, sin ningún tipo de escrúpulos”, finalizó Maese.