El término municipal de San Fernando es pequeño y los ingresos por IBI se resienten sobre todo por la falta de industrias y como no, por las extensiones de las propiedades del Ministerio de Defensa y de la Iglesia Católica. No se trata de cobrar impuestos a inmuebles que tienen uso y que sirven a los intereses de la defensa nacional, pero ¿qué se puede decir de la antigua Ayudantía de Marina? ¿Y de la Huerta de la Compañía de Jesús?. ¿Y las ONG? Son claros exponentes de un tiempo glorioso venido a menos, y mucho antes de que la crisis hiciera acto de aparición.

En el caso de la Iglesia, el impago del IBI se basa en el hecho de no pagar tributos se deriva del acuerdo existente entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, y que está en vigor desde el 3 de enero de 1979. En el caso de las Organizaciones No Gubernamentales se ven favorecidas por la Ley de Mecenazgo, que protege a muchas de las asociaciones sin ánimo de lucro, que tampoco tienen la obligación de tributar en sus respectivos ayuntamientos. Claro que los municipios, por sí mismos, no pueden modificar la Ley de las Haciendas Locales, sino que precisan de una reforma legislativa para hacer pagar a todas estas entidades.

El Impuesto de Bienes Inmuebles ha crecido notablemente en San Fernando, sobre todo después del último acuerdo plenario donde se ha producido un gran aumento de las tasas e impuestos. Según la normativa vigente, no están obligados a pagar el IBI:

existen una serie de inmuebles que están exentosde pagar el tributo. Podemos mencionar:

• Los inmuebles que sean propiedad del Estado, de las CC.AA o de las Entidades locales que sean directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.
• Los de la Iglesia Católica y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.
• Los de la Cruz Roja Española.
• Los inmuebles de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
• Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas.

Previa solicitud también estarán exentos, entre otros, los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo o los bienes de los que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública.

El Ministerio de Defensa tiene un número superior a las 2.000 propiedades en España, que ocupan 140.000 hectáreas. De éstas, un 93% son terreno rústico, en tanto que la superficie ocupada por terreno urbano alcanza las 10.000 hectáreas. Las distintas propiedades se encuentran diseminadas por las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, esparciéndose por 40 provincias y teniendo en ciudades claras como Madrid, Sevilla, Cartagena, Ferrol o San Fernando enclaves importantes.

Los precedentes vienen a aclarar que " del análisis de la jurisprudencia vertida en esta cuestión se concluye que el requisito de afectación directa a la Defensa Nacional es el principal problema que se plantea, en detrimento del requisito previo de la titularidad (del Estado) de los bienes". De ahí que la desafectación de Polvorines o el no uso de la antigua Ayudantía de Marina, debería estar aportando ingresos al Ayuntamiento.

La antigua Ayudantía de Marina está abandonada y no afecta

Vista que la afectación a la Defensa es el motivo por el cual no existe la obligación de pagar el IBI surge el caso de la antigua Ayudantía de Marina, en el Paseo General Lobo y en Sequero Glorieta. Se trata de un enorme edificio, de gran extensión, sobre el que el Ayuntamiento ya ha mantenido algunas conversaciones con Defensa, pues su situación en un sitio como La Glorieta y el extraordinario inmueble, hace que desde el PP en la última campaña electoral se contemplara como posible como albergue para jóvenes estudiantes, dada su cercanía con la estación de ferrocarril, lo que facilitaría el transporte a los campus universitarios. Otra opción barajada es la de que pudiera albergar oficinas municipales, dada la dispersión existentes actualmente con el Palacio Consistorial cerrado a cal y canto.

Y mientras, además de ofrecer un mal aspecto y estar infrautilizado, tampoco genera ingresos para las arcas municipales.