El portavoz andalucista insta a las partes implicadas a que ayuden para que el matrimonio tenga acceso a una vivienda digna mediante algún tipo de acuerdo o alternativa ocupacional.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, y el coordinador de Organización de la Coordinadora Local de la formación, Antonio Gutiérrez, han visitado hoy al matrimonio que tras casi medio siglo de cuidar del convento y de las monjas de las Capuchinas se ven amenazados ahora por una orden de desahucio que podría hacerse efectiva tras un juicio que tendrá lugar el próximo 18 de abril.

“Esta triste situación no hace justicia a la gran labor que desempeñaron en el convento Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero desde 1975 hasta el traslado de las monjas en 2017. Él, ahora con 72 años, y ella, ahora con 68 años, llevan toda una vida de dedicación y trabajo abnegado. Como trabajadores del convento, una finca de grandes proporciones, se preocupaban día y noche de controlar el acceso, de que nada les faltase a las monjas, de que tuvieran todo lo necesario en caso de enfermedad o atención médica, de ir a la compra y de solventar cualquier tarea de mantenimiento o reparaciones propias del día a día. En definitiva eran imprescindibles y asumían unas responsabilidades que no entendían de vacaciones o libranzas”, explica Romero.

A cambio de este trabajo Ildefonso, ya jubilado, contaba con un contrato laboral por el que percibía el salario mínimo interprofesional mientras que el trabajo de Carmen, sin contrato por escrito sino verbal, se veía remunerado con el usufructo de la vivienda situada en la primera planta del convento. Un usufructo que luego se vería plasmado y reconocido en un documento por parte de la abadesa. “A este matrimonio, que sólo cuenta con la pensión de jubilación del marido, en ningún momento se le ha trasladado una alternativa por las partes implicadas más allá de la notificación de la demanda de desahucio”, detalla el portavoz.

Por otro lado, desde AxSí se espera que este posible desahucio no sea un daño colateral de una probable especulación urbanística. No hay que olvidar que antes de las elecciones en 2023 se acordó entre Obispado, Ayuntamiento de San Fernando y una promotora privada un proyecto para construir viviendas, locales y una residencia privada para personas mayores. A este fin era imprescindible cambiar la realidad urbanística del espacio de manera que en estos meses se está tramitando con celeridad el oportuno Convenio de Planeamiento que modifica el PGOU y la protección del inmueble para dar más valor a las parcelas como se reconoce literalmente en la propia Memoria Justificativa del expediente urbanístico.

De momento aún se desconocen las cantidades que se manejan por la operación y quién va a gestionar y explotar la residencia privada. “Entendemos que realidades como las de Ildefonso y Carmen deben quedar fuera de toda posible especulación urbanística. Desde AxSí reclamamos a los implicados que planteen una solución para frenar este desahucio o, en el peor de los casos, ofrecer una alternativa de vivienda viable para Ildefonso y Carmen. Las partes implicadas tienen la responsabilidad y el deber de velar porque así sea”, concluye el andalucista.

Romero firmó este martes el manifiesto de adhesión a las reivindicaciones de la plataforma, entre las que también se encuentran declarar como Zona de Especial Singularidad la costa de la provincia de Cádiz y reconocer a guardias civiles y policías nacionales como profesiones de riesgo.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero; la concejala andalucista Marta Vidal; la Coordinadora Local de la formación, Maite Lebrero; y el responsable de barriadas de dicha coordinadora, Manuel Bernal Santaoliva, recibieron este martes en el Centro Andaluz de San Fernando a miembros de la Junta Directiva de la nueva plataforma ciudadana y futura asociación 'Nuestro Corazón por Bandera'.

Este colectivo está constituido por familiares y simpatizantes de miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía y sus principales objetivos son el reconocimiento y el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la consecución de los medios técnicos y humanos necesarios para que estos profesionales desempeñen su labor con mayor seguridad; visibilizar la falta de apoyo y reconocimiento institucional de estos cuerpos y su correspondiente desamparo legislativo; e incidir sobre el agravio comparativo que estos profesionales mantienen con el resto de cuerpos policiales de ámbito autonómico.

El detonante para la creación de esta nueva plataforma fue el reciente asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil en el muelle de Barbate, que el pasado 9 de febrero perdieron sus vidas a manos de una narcolancha. Un triste episodio que pudo haberse evitado de contar con mayores medios. No hay que olvidar que uno de los fallecidos fue un isleño: Miguel Ángel González Gómez.

La plataforma hizo ayer entrega a Romero para su firma de un manifiesto que recoge sus principales reivindicaciones. “El gobierno central no puede seguir mirando hacia otro lado. En primer lugar hay que aumentar las actuales plantillas y hay que dotar de los medios necesarios a estos agentes para que desempeñen sus funciones en condiciones de seguridad y para ello hay que asegurar que las partidas presupuestarias para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean las necesarias. Y en segundo lugar hay que declarar como Zona de Especial Singularidad a lugares como la costa de la provincia de Cádiz debido a su alto riesgo y, por ende, hay que hacer que las profesiones de Policía Nacional y Guardía Civil sean consideradas de alto riesgo. Nosotros también creemos que muertes como las de nuestro vecino Miguel Ángel pudieron haberse evitado de contar con mayores medios. Y por eso la plataforma nos encontrará a su lado en sus reivindicaciones. Nuestro compromiso con su lucha es firme”, explica Romero.

AxSí se suma a la preocupación de las auxiliares ante la ausencia de avances, ocho meses después, por parte del Gobierno local de Cavada/López Gil sobre la anunciada municipalización de este servicio.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí y candidato de la formación a la Alcaldía de San Fernando, Fran Romero, ha mantenido hoy un nuevo encuentro en el Centro Andaluz con una representación de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. Durante esta reunión estas trabajadoras, que dan voz a casi 170 profesionales, han trasladado a Romero su preocupación ante la ausencia de avances por parte del gobierno local de Cavada/López Gil sobre la anunciada municipalización de este servicio.

“Hay que recordar que el pasado 3 de agosto, después de 69 largos días de vigilia a la intemperie de estas trabajadoras, Cavada anunció que el Ayuntamiento asumiría ese servicio municipalizándolo a través de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa). Para ello Esisa se transformaría en Hemsa (Servicios Públicos Municipales San Fernando). Lamentablemente, ocho meses después la situación de estas profesionales nada ha cambiado y siguen teniendo que afrontar las vergonzosas y abusivas condiciones laborales por parte de la empresa concesionaria mientras llega la municipalización. Hoy por hoy las principales reivindicaciones de este colectivo son las mismas que motivaron su vigilia: sueldos precarios, la necesidad de jornadas de 35 horas semanales y la racionalización de los horarios de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, eliminando los sábados de la jornada laboral”, señala el candidato.

“Cuanto más tiempo pasa más claro queda que lo de Cavada fue una maniobra para ganar tiempo y quitarse de en medio una protesta diaria a las puertas del Ayuntamiento con unas elecciones a la vista. Aún queda mucho por hacer para la municipalización de este servicio. No fue hasta diciembre de 2022 cuando se llevó a Pleno la aprobación del inicio del expediente y la constitución de la correspondiente comisión de estudio para estudiar la viabilidad de la gestiona través de la empresa. Y ni siquiera están aprobados por la junta general de la empresa pública los estatutos para su transformación en Hemsa y aún hay que formalizar su nombramiento como medio propio. Además, el proceso precisa de la aprobación de una memoria de gestión para la incorporación del servicio a la futura Hemsa, que aún ha de llevarse a Pleno”, indica el andalucista.

Por todo ello, Romero exige a Cavada que agilice en la medida de lo posible el proceso para la municipalización del servicio. El candidato además se ha comprometido con las auxiliares a velar desde la Alcaldía por que las condiciones laborales de las mismas sean adecuadas y acordes con sus reivindicaciones. “Lo que no es de recibo es que mientras se completa el proceso estas trabajadoras tengan que seguir afrontando unas condiciones laborales indignas e insostenibles. Cavada no puede eternizar esta situación”, concluye el candidato de AxSí.

Un 4 de diciembre de 1977 millones de andaluces salimos en masa para reclamar autonomía plena y poder para gobernarnos mirando siempre nuestros intereses y no legislando contra ellos. Y el 7 de marzo de 2013 miles de isleños nos manifestamos igualmente para exigir el carácter público del Hospital de San Carlos en un hito que sin duda marcó la voluntad de las administraciones estatal y autonómica, hasta ese momento negativa a que San Fernando contase con un hospital propio. El 25 de marzo tenemos la oportunidad de salir de nuevo a la calle para defender algo tan esencial como el derecho a la salud. La salud se debe proteger desde la prevención y que se lleva a cabo desde el primer eslabón de la atención sanitaria, que no es otro que la Atención Primaria.

Gracias a la red de Centros de Atención Primaria, consultorios y sus centros de organización territorial como los centros de salud, hemos podido llevar a cabo, por ejemplo, con éxito una correcta vacunación durante la pandemia. En este eslabón se presta la atención necesaria para evitar que los pacientes crónicos empeoren y saturen las urgencias hospitalarias y, posteriormente, las camas de hospitalización porque en ellos tienen lugar actividades tan importantes como los programas de control y seguimiento a la mujer embarazada, niños sanos, pacientes crónicos, pluripatológicos, diabetes, EPOC, etc.

Todos estos programas que se llevan a cabo en la Primaria ayudan a prevenir recaídas en el 80% de los pacientes con problemas de salud, siempre y cuando no falten profesionales. Invertir en la Atención Primaria es ahorrar en el presupuesto sanitario porque hay un mayor control de las enfermedades y se realiza educación sanitaria en cada visita programada. Apostamos por un blindaje estatutario de la sanidad como medida contra los especuladores que se quieren enriquecer a costa de nuestros procesos de enfermedad. Los andalucistas peleamos por la equidad y vertebración de los territorios. Y una red fuerte de Centros de Atención Primaria es el camino para llevarlo a cabo y así luchar contra la despoblación de nuestros pueblos. Creemos necesario la creación de nuevas Zonas Básicas de Salud para dar una correcta cobertura de la Atención Primaria al conjunto de la población de Andalucía.

Esta reforma conllevaría pasar de las actuales 216 a 341 Zonas Básicas de Salud (una por cada veinticinco mil habitantes) y la creación aproximadamente de dos mil cien nuevas plazas para médicos, dos mil quinientas de enfermería y unas dos mil plazas de otras categorías profesionales. Con esta propuesta de mejora de la Atención Primaria se permitiría una atención más directa y accesible. Todo esto siempre y cuando los profesionales tengan estabilidad en la duración de sus contratos que estimamos debe ser mínimo de dos años, pudiendo crear una relación de confianza entre el profesional de referencia y paciente y permitiendo que los profesionales puedan elegir el centro sanitario más cercano a su domicilio siempre que sea posible.

La orden de 23 de febrero, aprobada por el gobierno de mayoría absoluta del PP, es una fecha de atropello pues sienta las bases para ir preparándonos hacia la privatización de la Atención Primaria y el uso de las infraestructuras sanitarias públicas por parte de las empresas de la sanidad privada. De esta manera, se favorece doblemente al sector privado. Primero por el pago de los servicios sanitarios que se les deriven y segundo por el uso de nuestras infraestructuras sanitarias. La Orden puede tentar a médicos que quieran desempeñar a priori su trabajo en la sanidad privada o incluso hacerse autónomos y facturar por paciente que atienden pues les saldría más rentable. Por otra parte, con esta legislación se demuestra que hay presupuesto para poder atraer médicos andaluces migrados y que los que tenemos no se nos marchen, especialmente del medio rural.

Todo está perfectamente estudiado para, pasadas unas décadas, la transferencia de lo público a lo privado se lleve a cabo mediante el colapso del sistema sanitario público. Han empezado creando una mala opinión de la atención sanitaria pública para ir incrementando las pólizas de seguros privadas. El pasado 23 de febrero, con la creación del marco normativo, se da el paso para la derivación de procesos diagnósticos y quirúrgicos que más beneficia a la privada, dejando para la pública los procesos pluripatológicos y gerontológicos que es lo que menos les beneficia económicamente. Se da la paradoja que los MIR de cirugía de un hospital de Málaga no tienen pacientes que operar porque la mayoría de los pacientes son derivados a la sanidad privada, privándolos de formarse en esta especialidad y privándonos como ciudadanos de tener en un futuro médicos bien formados en este ámbito.

En esta semana hemos conocido una publicación científica realizada por investigadores de la Universidad de Oxford que evidencia que la derivación de servicios sanitarios a la privada incrementa la tasa de mortalidad. Aaron Reeves, de la Universidad de Oxford y coautor del estudio británico, alerta ante el debate sobre el futuro del modelo español y, por ende, al gobierno andaluz: "La privatización tiende a excluir a las personas con menores ingresos". En resumen, nuestra formación rechaza la privatización de la sanidad pública y en especial de la Atención Primaria. Necesitamos que la sanidad pública de Andalucía se blinde y se proteja para siempre en nuestro Estatuto de Autonomía.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: instar al Gobierno Autonómico de la Junta de Andalucía a poner en marcha la oportuna modificación del Estatuto a fin de blindar la Sanidad Pública Andaluza para protegerla con independencia de la voluntad política del gobierno de turno.

Segundo: instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que disponga la creación de nuevas Zonas Básicas de Salud pasando de 216 a 341 (una por cada veinticinco mil habitantes) con la oportuna contratación de dos mil cien nuevas plazas para médicos, dos mil quinientas de enfermería y unas dos mil plazas de otras categorías profesionales y por tanto dar una correcta cobertura de la atención primaria al conjunto de la población de Andalucía.

El pasado 18 de mayo el Grupo Municipal AxSí visitó la barriada de San Ignacio para comprobar a pie de calle las muchas deficiencias que nos habían hecho llegar a través de sus testimonios diversos vecinos y vecinas. Numerosas quejas sobre la alarmante, y ya habitual en ésta y otras zonas, falta de mantenimiento y cuidado por parte del equipo de gobierno. El abandono municipal es una realidad en muchos barrios. Durante todo este mandato hemos presentado a este Pleno varias mociones para abordar y buscar soluciones a este abandono en diversos barrios de la ciudad.

Volviendo a San Ignacio son muchas las evidencias que podemos advertir de esta desidia con tan sólo darnos un paseo, comenzando por el lamentable aspecto que presenta la plaza Victoria Eugenia. Un espacio cuyas zonas verdes están asalvajadas sin control, en la que las malas hierbas asoman entre el suelo y en cuyo entorno coinciden varios ejemplos de la incomprensible gestión de este equipo de gobierno, en la que lo estético prima sobre lo útil, lo inclusivo y lo necesario. De esta forma, podemos encontrar alcorques en los que los árboles se han colocado sobre césped artificial, farolas en aceras cuyo diseño hace que dichos tramos no sean accesibles para las personas con movilidad reducida, bancos sin ningún tipo de sombra y plazas de aparcamiento para personas con discapacidad que cuentan con aceras cuya altura tampoco las hace universalmente accesibles.

También se deja sentir este abandono en la Plaza del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y su entorno. En primer lugar, la zona verde de dicha plaza sorprende por su descuidado aspecto, presentando los parterres una hierba que crece a considerable altura. Mención aparte merecen los contenedores de basura colocados junto a la entrada de la capilla en la esquina con la calle Gabriel González Camoyano. Unos elementos que permanecen en dicho lugar a pesar de que, según nos contaron entidades del barrio, la alcaldesa se comprometió a soterrarlos. Sin abandonar esta área, la calzada irregular de la calle Santa Joaquina de Vedruna provoca que cuando llueve se formen grandes charcos de agua, al igual que en otros puntos de la barriada.

Otra deficiencia generalizada en San Ignacio es el mal funcionamiento de las farolas LED instaladas, ya que es habitual que muchas de estas farolas alumbren de manera intermitente. Una cosa es mirar por el ahorro energético y la sostenibilidad y otra muy distinta es que haya puntos a oscuras o mal iluminados en la barriada.

A nivel de seguridad vial se detectan una serie de graves deficiencias. La primera de ellas es la mala ubicación de diversos contendores en determinados pasos de peatones, que resta visibilidad en estos cruces, y la segunda es el hecho de que sólo haya un único paso de cebra en el extenso tramo de la calle San Ignacio que va desde las calles Comandante Ruiz Marcet hasta San Francisco Javier, siendo ésta una zona muy transitada debido a la proximidad de un supermercado. Proponemos se valore la creación de un paso de peatones a la altura del supermercado.

En algunos rincones de San Ignacio la situación también bordea lo insalubre y lo indigno. Una vez más, la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines son muy deficientes y la necesidad de actuaciones vinculadas a vías y obras es prioritaria. No es de recibo el abandono al que este equipo de gobierno somete a esta barriada y por eso le exigimos que, desde la responsabilidad, ofrezca a sus vecinos y vecinas el trato igualitario que se merecen. De esta manera, y debido a la naturaleza y a la gravedad de las numerosísimas carencias detectadas, demandamos la puesta en marcha de un plan de choque de mejora integral que permita abordar con suficientes garantías esta situación.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone instar al Gobierno municipal a adoptar las medidas administrativas oportunas para poner en marcha un plan de choque de mejora integral que permita solucionar las graves deficiencias que presenta la barriada de San Ignacio en materias como limpieza, mantenimiento de parques y jardines, estado del pavimento y vías, alumbrado, accesibilidad y estado en general de este barrio.

“Desde julio se anunció a la empresa que no se iba a prorrogar, desde finales de julio. Se ha mandado a licitación el contrato nuevo de los nuevos pliegos, se han mandado al servicio de contrataciones, con lo cual estamos en ese proceso. Desde finales de julio, reitero bien, se mandó a la empresa, dentro del amparo legal de estos contratos, se anunció a la empresa el que no se iba a renovar el contrato”. Esta moción empieza con un clarificador extracto literal del acta del Pleno ordinario del pasado 25 de noviembre perteneciente a una intervención sobre el contrato de ayuda a domicilio por parte del Delegado de Desarrollo Social de la señora Cavada.

Así se escucharon en este Pleno unas afirmaciones que acreditan el engaño del gobierno local a las auxiliares del servicio municipal de ayuda a domicilio. Llegados a este punto hay que llamar a las cosas por su nombre: hace cuatro meses este gobierno y su alcaldesa mintieron a la cara y sin titubear a estas ciento cincuenta y seis profesionales, mujeres en su mayoría. En noviembre se les prometía que no se iba a prorrogar el contrato de este servicio con la actual empresa concesionaria, que expiraba en marzo después de tres años, y a principios de este mismo mes las trabajadoras han asistido con impotencia a la aprobación de dicha prórroga por parte de la señora Cavada durante dos años más.

Ante la presencia en el Pleno de las trabajadoras en noviembre y la manifestación previa a las puertas del Ayuntamiento, la alcaldesa prometió lo que sabía no iba a cumplir. Unas profesionales que dan lo mejor de sí mismas cada día para cuidar adecuadamente de más de 400 personas en situación de vulnerabilidad, cuya vida y la de sus familias es mejor gracias a su entrega. Hay que recordar que en el orden del día de aquel Pleno coincidieron hasta cuatro mociones, una por cada grupo de la oposición, que abordaban la situación de estas auxiliares.

Contrato que una vez prorrogado alcanzará los 10,6 millones de euros siempre que no se aprueben más modificaciones que incrementen su precio. Se han producido dos por valor del 20 y del 35 por ciento del valor total del contrato y existe otra tercera modificación prevista cuyos datos económicos a día de hoy desconocemos así como los motivos por los que aún no se ha aprobado. En cualquier caso, una vez consumado este monumental engaño, la principal preocupación de estas trabajadoras, con las que recientemente de nuevo nos hemos reunido, radica en que la concesión de la prórroga significa que permanecerán bajo las condiciones laborales que han hecho tan difícil su situación.

Con el beneplácito en todo momento de la alcaldesa y su gobierno que ha mirado para otro lado y nunca ha fiscalizado como es debido el servicio. Un servicio en el que las trabajadoras padecen contratos precarios que apenas alcanzan los 500 euros mensuales; que en lo más duro de la pandemia no contaron con los medios necesarios de protección; con un gasto medio en vestuario por cada una de 42 euros cuando la obligación de gasto es de 186 euros; y que en el mejor de los casos recibieron un pago de 20 horas de formación de las 102 que se impartieron como parte del Plan Anual. Incumplimientos que fueron denunciados ante la Inspección de Trabajo por el comité de empresa de estas trabajadoras junto a otros incumplimientos que se van denunciar según nos trasladan.

Y no puede esconderse la señora Cavada ni su gobierno tras el argumento que no existe relación laboral directa con estas trabajadoras para no defender sus derechos sociales y laborales. Recordemos en este sentido el artículo 201 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que dice textualmente: “Obligaciones en materia medioambiental, social o laboral.

Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. […]

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192”.

Por tanto, es obligatorio para el gobierno garantizar que a estas trabajadoras se les aplique los convenios colectivos y demás legislación laboral de manera justa y efectiva. No se pueden desentender de sus problemas laborales alegando que no son trabajadoras directas del Ayuntamiento ya que este colectivo de mujeres son su responsabilidad. Lo dice la Ley y lo demanda la Justicia.

¿Qué medidas han tomado ustedes para garantizar los derechos laborales y sociales de las trabajadoras como es su obligación? Ninguna. Sorprende además que la excusa para conceder la prórroga sea que el gobierno municipal está negociando parte del contenido de los pliegos con las trabajadoras. Una vez más, la falta de compromiso en lo realmente prioritario por parte de la señora Cavada, demuestra aunque no lo quiera reconocer que si se ha tenido que prorrogar dos años más este contrato ha sido porque se le ha pasado los plazos para ejecutar la prórroga obligatoria de hasta nueve meses a la que está obligada cumplir la empresa. Es imposible que estuviera en disposición de anunciar la nueva licitación del servicio antes de la fecha límite para hacerlo que era el 16 de diciembre. Y si estaba en disposición de hacerlo, ¿tendría algún inconveniente en darnos acceso y copia a todos los actos e informes preparatorios de la licitación que hay que seguir antes de licitar un servicio de estas características? Sí no nos proporciona esos documentos es porque no será verdad que tenían preparada la nueva licitación en su fecha. No responsabilicen a las trabajadoras de su incapacidad para gestionar.

Sin duda, estas auxiliares no merecen este trato por parte del gobierno local, pero no es nada nuevo ya que la actitud para con ellas del gobierno y su Presidenta ha oscilado entre el silencio, la indiferencia y el desprecio. Por otro lado, nos preocupa que la mentira hacia el ciudadano ejercida con total impunidad se haya convertido ya en una práctica habitual de este equipo de gobierno. Nosotros seguiremos al lado de este colectivo y sus reivindicaciones.

Al lado de unas trabajadoras cuyo comité de empresa ya advirtió sobre la falta de transparencia del equipo de gobierno, que no le ha dado acceso a ningún tipo de información sobre el servicio ni les ha aportado documentos tan necesarios como los planes de igualdad y de conciliación, a los que tienen derecho según la ley y el contrato que la propia señora Cabada firmó.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción de los siguiente acuerdos:

Primero. Instar al Ayuntamiento de San Fernando a que adopte las medidas administrativas oportunas para licitar y adjudicar a la mayor brevedad posible un nuevo contrato para la concesión del servicio municipal de ayuda a domicilio, que incorpore las demandas y las mejoras expresadas por el comité de empresa de las auxiliares de este servicio como son la jornada de 35 horas y la racionalización de los horarios de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar eliminando los sábados de la jornada laboral.

Segundo. Instar al Ayuntamiento de San Fernando a que adopte las medidas administrativas oportunas para garantizar la fiscalización y el control de la empresa a la que se le adjudique este contrato a fin de evitar los incumplimientos que se han producido durante el contrato recién prorrogado y sancionando los que se produzcan.

La pandemia ha dado mayor visibilidad a una triste realidad que ya estaba ahí y que no era atendida como merecía: lo expuestos que estamos todos a los problemas vinculados a la salud mental y las graves carencias de una sanidad pública cuyos responsables políticos no apuestan por la atención de las personas afectadas por estas dolencias. La sociedad en la que vivimos, llena de incertidumbre, también contribuye a agravar estos problemas. Es difícil que la depresión y la ansiedad no se adueñen de aquellos hogares donde hacen habitual acto de presencia lacras como el desempleo, la falta de recursos, la precariedad laboral, la ausencia de la conciliación entre las vidas laboral y familiar, el estrés, la soledad o el abuso en cualquiera de sus formas.

La pandemia ha hecho más visible esta realidad porque sus efectos nos han hecho más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. No ayudaron el confinamiento, la posterior desescalada y unas restricciones que, si bien necesarias, hicieron mina en todos nosotros, en nuestra forma de socializar. Dos años largos y complicados en los que durante un tiempo tuvimos que encerrarnos en casa sin poder evadirnos de nuestros problemas. Es lógico que frente a esta merma de libertad aflorasen la depresión y la ansiedad y que las advirtiésemos más cercanas, amenazadoras y tangibles que nunca. Todos estamos expuestos.

Y esa cercanía es la que precisamente ha hecho que comencemos a normalizar las dolencias vinculadas a la salud mental y a asumir que esta es una lucha de todos. Ha hecho que dejemos de estigmatizar a estos enfermos y que tomemos conciencia de que una enfermedad mental puede ser tan incapacitante y grave como una física y que las afecciones mentales merecen una atención adecuada y de calidad por parte de la sanidad pública. No son menos graves o urgentes por no ser visibles de forma inmediata. No son enfermedades inventadas y aquel que las sufre debe ser tratado al primer síntoma o aviso de ayuda, porque una depresión profunda puede llevar a comportamientos autolíticos o incluso a hacer que alguien termine tomando la decisión de quitarse la vida.

De hecho, España afronta su máximo histórico de suicidios con los centros de salud mental saturados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 se registraron un total de 3.941 casos de suicidio, de los que 793 se produjeron en Andalucía. Estos son los peores datos desde que se tienen registros. Se han disparado los trastornos psiquiátricos en adolescentes y jóvenes y los casos de depresión e ideación suicida. Además, los psiquiatras denuncian que la ratio está por debajo de la media europea y que los nuevos casos tensionan un sistema que ya es precario. La saturación y las esperas para ser atendidos en materia de salud mental por la sanidad pública hace que muchas personas con escasos recursos queden sin atención ante la imposibilidad de costearse un tratamiento privado.

San Fernando tampoco escapa a esta situación, como arrojan los datos de la Unidad de Salud Comunitaria del Hospital de San Carlos. Allí la lista de espera para ser atendido por un psicólogo ronda un año, mientras que el tiempo para ser atendido por un psiquiatra oscila entre los seis y los ocho meses. La atención inmediata sólo se produce en casos graves o urgentes, como intentos de suicidios, brotes psicóticos o encefalopatía crónica traumática. De hecho, los profesionales de esta unidad están atendiendo a una media de 700 pacientes al mes, la mayoría de San Fernando, aunque llegan pacientes de otras localidades de la Bahía de Cádiz, ya que no todos los municipios cuentan con puntos de Salud Mental. Esta saturación hace que los médicos de cabecera también atiendan a personas con trastornos mentales, que pueden suponer en torno al 15% de sus pacientes.

Desde AxSí entendemos que es responsabilidad de las administraciones competentes, en este caso de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía pero también del Ministerio de Sanidad, articular herramientas para asegurar una atención adecuada de las personas con enfermedades mentales por parte de la sanidad pública. Conocemos la Ley que se está tramitando al efecto en las Cortes Generales y esperemos llegue a buen puerto con una apuesta presupuestaria que responda realmente a la situación que vivimos. Todos los poderes públicos deben estar involucrados en esta materia. Porque no se puede derivar a la sanidad privada y menos en tiempos en los que este tipo de dolencias se agravan. Consideramos que las administraciones estatal y autonómica, en el ámbito de sus competencias, deben reforzar presupuestariamente con carácter de urgencia los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una cobertura suficiente en materia de salud mental. Queda mucho trabajo por hacer y ningún tiempo por perder, ya que el bienestar y la vida de muchas personas dependen de ello. Son carencias históricas que se se han de solucionar de forma prioritaria.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: instar a las administraciones central y autonómica andaluza para que en el ámbito de sus competencias pongan en marcha un Plan de Salud Mental que garantice el 10 por ciento del presupuesto sanitario a este fin de manera que incremente la ratio de profesionales de psicología y psiquiatría, reduzca tiempos de espera entre citas, incorpore un psicólogo clínico en los Centros de Atención Primaria y realice campañas de sensibilización.

Segundo: dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

AxSí destaca el incremento en el Presupuesto de 2022 de las partidas destinadas a Alcaldía-Presidencia, que crece en un 2.430 por ciento y pasa a 252.850 euros, y a redacción de proyectos de Urbanismo para la señora Márquez, que sube un 107 por ciento y pasa a 250.000 euros, en una espiral de privatización de trabajos municipales.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí,  Fran Romero, ha incidido este jueves  sobre nuevos aspectos de los Presupuestos Municipales para 2022, cuya aprobación inicial fue impuesta por Cavada a los isleños el pasado jueves en Pleno desde su mal entendida mayoría absoluta y sin ninguna participación ciudadana. En su valoración inicial, el líder de AxSí acusaba a la alcaldesa de “haberlos redactados de manera personalista, a su mayor gloria y pensando únicamente en la propaganda y los tiempos electorales”. En esta ocasión Romero subraya el carácter propagandístico y electoralista de los mismos tomando como baremo la evolución experimentada en diversas partidas.

De esta manera, explica el portavoz, las partidas destinadas a gastos para estudios y trabajos técnicos han registrado un escandaloso incremento de un millón y medio de euros en lo que va de mandato, quedando ya muy lejos los 1.058.153 euros de 2020 y pasando de los 1.876.823 euros de 2021 a los 2.609,063,28 euros de 2022. “Hasta 25 partidas de esta naturaleza encontramos en los nuevos Presupuestos Municipales. Partidas que, entre otras cosas, sirven para contratar a empresas y profesionales en la mayoría de los casos mediante contratos menores. Una fórmula a la que es tan aficionada la señora Cavada debido a su escasa publicidad y concurrencia, llevando al extremo una espiral de privatización de trabajos y servicios que puede perfectamente realizar el propio Ayuntamiento. Recordemos que lleva gastados ocho millones de euros en lo que va de mandato en contrato menores, destacando como ejemplos los dieciocho mil euros para un taller de adornos navideños que nunca se llegó a celebrar, los seis mil euros para una conferencia de media hora un 24 de septiembre, los dieciocho mil euros para un nuevo logo, después de haberse gastado veinte mil en otro contrato pero cuyo resultado no fue del gusto de la señora Cavada, los veinticinco mil euros en poner y quitar un letrero ilegal en la fachada del Ayuntamiento, etc., etc., etc.”, señala el líder de AxSí.

De entre todas estas partidas Romero distingue dos partidas concretas. La primera de ellas es la correspondiente al área de Alcaldía-Presidencia, que se ha incrementado en un 2.430 por ciento y de los 10.000 euros que contemplaba en 2021 asciende ahora a 252.850 euros. “Esta llamativa subida responde a los tiempos electorales. Estamos convencidos que Cabada ya piensa en las próximas Elecciones Municipales y que de esta partida van a salir numerosos contratos de diseño y de otra naturaleza, pero siempre electoralistas”, indica el portavoz de la formación.

La segunda partida es la correspondiente a la redacción de proyectos de Urbanismo, es decir, la que la concejala de Urbanismo, Claudia Márquez, utiliza para contratar arquitectos de cara a la elaboración de proyectos. Un apartado que experimenta una subida de un 107 por ciento y pasa de los 121.000 euros de 2021 a los 250.000 euros actuales. Y, mientras tanto, la partida para la redacción de proyectos de vivienda pública se ve reducida en un 95%, pasando de 345.000 euros a unos ridículos e insuficientes 20.000 euros, y se congelan las subvenciones al alquiler de viviendas públicas.

“A pesar de contar con arquitectos municipales Cavada y Márquez, prefieren buscar arquitectos externos. No se recuerda en la Delegación de Urbanismo cuando fue la última vez que un técnico elaboró un proyecto. La política de vivienda de ambas no tiene nada de pública y sí mucho de privada. No nos cabe ninguna duda de que la señora Márquez le ha dedicado más tiempo a la vivienda que particularmente se está haciendo que al trabajo que los isleños vulnerables con serios problemas habitacionales necesitan para acceder a una vivienda. En cualquier caso, ya comprendemos la incesante contratación de arquitectos del sector privado por parte de la concejala de Urbanismo, entre ellos, a los dos arquitectos que le han redactado el proyecto de su casa, a los que contrató el pasado año mediante sendos contratos menores por 11.300 y 17.889,50 euros respectivamente”, recalca el líder de AxSí.

“Lamentamos la irresponsabilidad del equipo de gobierno de PSOE y Cs, que usa la herramienta más importante de un Ayuntamiento, sus presupuestos municipales, para hacer y deshacer a su antojo y conveniencia sin dar explicaciones y elaborar proyectos a medida y con tintes electoralistas. Esto es estar alejado de las necesidades reales de los isleños, que deberían ser las que marquen las prioridades de unos presupuestos municipales. En AxSí sí somos conocedores de estas necesidades reales y serán las que nos marquen la guía en las alegaciones que, como oposición responsable, presentaremos a este documento”, finaliza el portavoz.

AxSí detalla que el equipo de gobierno no se ha entendido con la UTE adjudicataria y que “las consecuencias pueden derivar desde a un nuevo retraso a un auténtico callejón sin salida para el proyecto”

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha lamentado la demora que está experimentando la formalización del contrato para que puedan dar inicio las obras previstas en La Magdalena financiadas por los fondos europeos Edusi. Un contrato, recuerda Romero, que fue adjudicado hace cinco meses. “Durante todo este tiempo Cavada y su equipo de gobierno han intentado ocultar con su silencio que algo ocurría con la gran obra de La Magdalena, presupuestada en más de 7,3 millones de euros. Y lo que se ha tratado de ocultar es la falta de entendimiento del Ayuntamiento con la UTE que resultó adjudicataria, un hecho que puede suponer un nuevo retraso de meses y que incluso puede derivar en un auténtico callejón sin salida. Y, mientras tanto, el equipo de gobierno de PSOE y Cs ni ha actuado con la suficiente diligencia ni ha trabajado para buscar soluciones que eviten un posible bloqueo de estas obras, cuya inversión solo se ha visto superada hasta ahora por la rehabilitación del Ayuntamiento”, explica el líder de AxSí San Fernando.

El portavoz valora esta demora una vez se ha celebrado una comisión informativa para dar cuenta de la propuesta que posteriormente será aprobada por la Junta de Gobierno Local y que pasa por desestimar la solicitud realizada por la adjudicataria de las obras el pasado 29 de octubre. “Este hecho no se ha trasladado a los grupos de la oposición a pesar de la relevancia de este proyecto. Que se haya tardado tres meses en convocar a la comisión informativa dice mucho de cómo ha actuado el equipo de gobierno con este proyecto. Y en este camino el equipo de gobierno elude cualquier referencia a esta demora y a dar cualquier tipo de explicación a la ciudadanía. Desde AxSí solicitamos a la señora CaVada transparencia y certidumbre sobre este proyecto y agilidad en la firma del contrato y el inicio de las obras. Los isleños e isleñas no se merecen menos”, concluye Romero.

Picardo explica que el alcantarillado expulsó residuos de diferente naturaleza en ellos entornos de la Ardila y de la Rotonda Tusquets que aún permanecen

El coordinador local del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha mostrado el malestar de la formación ante la última evidencia del abandono con el que el equipo de gobierno de PSOE y Cs de Cavada castiga a las barriadas de San Fernando. El concejal explica que el pasado 26 de diciembre a causa de las fuertes lluvias el alcantarillado del barrio de La Ardila y del entorno de la Fuente Tusquets expulsó residuos de diversa naturaleza que aún hoy, más de una semana después, permanecen sobre la calzada sin ser retirados.

“Esta dejadez deriva nuevamente en comportamientos por parte del gobierno local que llevan la insalubridad a nuestras barriadas. Mención aparte merece la mala imagen que nuestra ciudad ofrece a los visitantes, no hay que olvidar que estos residuos también se encuentran en uno de los accesos a nuestra ciudad”, detalla Picardo.

“Lamentablemente, no es un hecho aislado. Basta un paseo por la ciudad para comprobar que muchas de las barriadas de San Fernando lucen peor que nunca: sucias y con jardines y zonas verdes descuidadas, con firmes y calzadas en un estado lamentable y con instalaciones eléctricas y alumbrado público tercermundistas en algunas  zonas. Deficiencias que más allá de la estética representan riesgos reales para los isleños e isleñas. Pero nada cambia, la señora Cabada está en otras cosas, primando la estética sobre lo necesario y ofreciendo unos servicios municipales muy deficientes a pesar de que se recauda más que nunca debido a la insoportable presión fiscal a la que nos somete”, continúa el coordinador local.

Por todo ello, AxSí solicita al gobierno local, en primer lugar, que retire de manera inmediata los residuos expulsados por el alcantarillado hace ya más de una semana de dichas zonas para garantizar la salubridad y la limpieza de las zonas afectadas y, en segundo lugar, que actúe para garantizar el correcto mantenimiento de las barriadas isleñas y la prestación de unos servicios municipales adecuados.