El portavoz del Grupo Municipal Vox de San Fernando y candidato a la Alcaldía, Carlos Zambrano, junto con miembros del equipo local de Vox, ha mantenido una reunión con representantes de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio con el fin de conocer la situación actual de la plantilla que, a su vez, ha trasladado a Vox sus inquietudes sobre su futuro.

Zambrano ha trasladado el respaldo de esta formación a las justas reivindicaciones de la plantilla. Para el portavoz de Vox, "la incompetencia del gobierno del PSOE de Patricia Cavada sólo permite una solución, hay que es municipalizar el servicio para poder garantizar un trato digno a las trabajadoras y asegurar que se afrontará con eficacia el futuro incremento de usuarios”. Del mismo modo, la reivindicación de las 35 horas semanales y de dos días de descanso a la semana “son reclamaciones absolutamente lógicas. Estas trabajadoras necesitan que se les facilite la conciliación laboral y familiar. Hay que tener en cuenta que trabajan duramente y con mucha dedicación para prestar un servicio público absolutamente esencial”, señala Zambrano.

"Es incomprensible y muy injusto que Patricia Cavada haya abandonado a estas trabajadoras y que no haya sido capaz de hacer un seguimiento y control del contrato”, afirma el portavoz. Por todo ello "Vox hará lo posible para que el servicio se preste por personal cualificado, bien remunerado, y con unos horarios razonables. Que el servicio se preste desde una empresa municipal ya existente, como es Esisa, es una solución necesaria a la vista del desastre que ha provocado la incompetencia de este gobierno municipal de este PSOE de Patricia Cavada", concluye Zambrano.

Cabe recordar que Vox siempre ha defendido las demandas de la plantilla y seguirá trabajando para que se acelere una solución. Para ello, Vox formulará una batería de propuestas que incluirá las reivindicaciones de la plantilla.

El nuevo pliego duplica los beneficios de la empresa privada, elimina servicios para los usuarios y empeora las condiciones laborales de la plantilla.

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha comparecido en rueda de prensa con Mariola Quesada, presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio, y un grupo de trabajadoras para revalidar el apoyo de la formación a la plantilla del SAD. La portavoz ha recriminado 'el último episodio' del gobierno con la presentación de un pliego "que, lejos de avanzar en la municipalización, avanza de nuevo en el beneficio privado duplicando el beneficio industrial de la empresa, que pasaría del 10 al 19 por ciento" y elimina servicios "tan importantes para los usuarios" como enfermería, fisioterapia y podología.

Rojas ha ratificado el compromiso de la formación con las trabajadoras y "las 35 horas y los dos días libres" que solicita la plantilla "porque, pase lo que pase con las elecciones, Podemos siempre va a estar del lado de la calidad de los servicios públicos" en San Fernando, declara.

El nuevo pliego, además de la eliminación de los servicios nombrados, propone la limpieza doméstica como el primer criterio evaluable para conseguir la gestión por parte de las empresas, algo que está "totalmente en contra de la propia Ley de Dependencia"; también la formación de la plantilla "desaparece como criterio evaluable". Además, los uniformes "siguen siendo en este pliego todo un negocio porque la empresa sigue cobrando por unos uniformes que nunca llegan a las trabajadoras".

Mariola Quesada ha agradecido a Podemos el apoyo a la plantilla durante los últimos años y haber "pedido la municipalización incluso antes que nosotras la pidiésemos". Quesada recalcó que la plantilla "quiere tener la estabilidad y la tranquilidad" de que la tramitación de la municipalización se lleve a cabo "pase lo que pase" tras las elecciones municipales del próximo mayo, pidiendo el compromiso de la formación. Desde el comité explican que el gobierno les aseguró que esos pliegos "no iban a Contratación", pero aún siguen esperando una reunión con el equipo de gobierno para recibir una explicación.

Rojas ha recordado que Podemos lleva proponiendo la municipalización del SAD desde hace ocho años y que el PSOE "no creía" las denuncias que hacía sobre los incumplimientos de la empresa Claros SCA, oponiéndose a la gestión pública y directa de un servicio "que cada vez tiene más usuarios y, por tanto, más trabajadoras". Finalmente, el PSOE anunció a principios de agosto pasado, y tras 70 días de "vigilia" de las trabajadoras en el atrio del ayuntamiento, el inicio del proceso de municipalización, aunque aún no se han cambiado los estatutos de Esisa que permitirían absorber el servicio. También ha "celebrado" que tanto el PSOE como el resto de partidos "se suban al carro de los servicios públicos y de su calidad" y de la municipalización, dando la razón a Podemos en que es la única vía para garantizar el SAD.

Según los consejeros que firman la nota de protesta, la presidenta y la gerencia de la empresa ocultaron el acto a todos los miembros del Consejo de Administración, al menos a los que firmaron la nota, ya que en el Consejo celebrado la tarde anterior a la entrega de las viviendas no se informó de dicho acto.

Los consejeros se lamentan de que se ignore la labor de todos los miembros del Consejo de Administración de Esisa, quienes desempeñan su labor de forma altruista y desinteresada. Además, denuncian que esta no es la primera vez que se producen desaires de este tipo por parte de la presidencia y la gerencia hacia quienes componen el “supuesto” órgano de dirección de la entidad.

Esta actitud de la presidencia, ostentada por la delegada de Urbanismo, la socialista Mª José Foncubierta, podría deberse a la cercanía de las elecciones municipales. De ser así, los consejeros aseguran que, ante la mera sospecha de utilización partidista de las actuaciones de una empresa pública municipal, obligan a Esisa a ser transparente en sus decisiones y mantenerse al margen de cualquier motivación electoralista.

Esta situación ha generado un gran malestar y ha llevado a algunos a cuestionar la transparencia y la imparcialidad de la gestión de Esisa. Los consejeros esperan que se aborde adecuadamente este problema y que se respete su labor dentro de la empresa pública.

Esisa continúa sin defensa jurídica en el pleito iniciado por las denuncias de Claudia Márquez.

El PP ha solicitado la convocatoria del consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) tras casi cumplirse cinco meses desde su última sesión.

Los populares recuerdan que el órgano de dirección de esta empresa pública lleva sin reunirse desde el pasado 19 de enero pese a que hay temas de suma importancia que requieren del concurso de los consejeros de Esisa.

Entre los asuntos pendientes de ser abordados se encuentra la asignación de nuevos inquilinos a las viviendas de titularidad municipal que han quedado libre, el estudio de venta de Fadricas II, o el seguimiento a las obras de viviendas sociales en Alsedo.

En todo este tiempo, desde que se forzase el cese de la socialista Claudia Márquez, la actual presidenta de ESISA y delegada de Urbanismo, Mª José Foncubierta, “solo ha hecho una cosa, y es algo inaudito, tanto como, y según como apuntan nuestros indicios, reunirse con SOGESCAR (la sociedad participada por ESISA junto a la inmobiliaria Acinipo y la constructora Sando que se creó para afrontar el desarrollo urbanístico de los terrenos de la desaparecida Fábrica de San Carlos) sin contar siquiera con la presencia del gerente de la empresa municipal. “Ni tan siquiera han podido aprobarse los presupuestos para este 2022”, subraya.

“El PSOE de Patricia Cavada está demostrando hasta dónde es capaz de hundir la participación democrática de las instituciones y empresas públicas”, señala el PP en un comunicado. “Cavada en San Fernando, a imagen de lo que Sánchez está haciendo en todo el país, está extinguiendo la participación y ocultando de la vista pública la acción del gobierno. Esto no puede seguir así”, exigen los populares.

Sin defensa

El ninguneo que el gobierno socialista está sometiendo al consejo de administración de ESISA -integrado por profesionales designados por los partidos políticos con representación municipal-, llega a su máxima expresión con la indefensión en que se encuentra la empresa ante la denuncia que contra la propia ESISA y tres de sus trabajadores, interpuso en enero de 2021, la entonces presidenta de la entidad y delegada de Urbanismo, la ya citada Claudia Márquez.

“Resulta muy vergonzoso que sea el propio Ayuntamiento el que esté demorando la defensa jurídica de una empresa de titularidad municipal, a no ser que sea la propia alcaldesa Patricia Cavada la que esté autorizando esta inédita situación para que, finalmente, su compañera Claudia Márquez quede eximida de cualquier responsabilidad aun a costa de poner en entredicho a una empresa pública y a sus trabajadores”, concluye el comunicado del PP.

El Partido Popular (PP) de San Fernando ha emitido un comunicado en el que muestra su completo apoyo al presidente de la formación, José Loaiza, así como la adhesión a la solicitud cursada por este a la alcaldesa Patricia Cavada, solicitando la inspección urbanística de un inmueble propiedad de la delegada de Urbanismo, Claudia Márquez, al existir serios indicios de que se ha contravenido la normativa recogida en el Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico (Peprich).

La citada finca cuenta con una protección de nivel 1, grado 3, lo que imposibilita a su propietario la ejecución de obras como las que presuntamente ha ejecutado en la misma la concejala socialista.

Desde el PP se recuerda a Claudia Márquez que su condición de teniente de alcaldesa delegada del Área de Urbanismo le obliga a mostrar incluso más transparencia en sus acciones que cualquier otro ciudadano. “La señora Márquez es un cargo público y para demostrar que las presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas no son ciertas lo que tendría que hacer es demostrarlo de manera fehaciente, documentalmente, con imágenes. Todo lo demás solo servirá para enredar una situación de sospecha que nadie desea. Los isleños quieren políticos honestos al frente de las instituciones y para demostrar que se actúa conforme a unas normas que son las mismas para todos solo hay un camino, el de la transparencia”.

De la misma forma, el PP afirma que la concejala socialista “esta en su pleno derecho de solicitar el auxilio de la Justicia si estima que se está faltando a la verdad, pero el camino más rápido para aclarar todas las dudas generadas sería el de mostrar evidencias. Una simple comparecencia pública evitaría mucho tiempo de espera para poner orden en esta anómala situación”.

Recuerda el PP que “solo hemos denunciado supuestas irregularidades, tal y como la delegada de Urbanismo hizo ante la Fiscalía contra tres trabajadores de Esisa al estimar que se estaba vulnerando la legalidad”.

Por último, los populares se dirigen directamente a la alcaldesa Patricia Cavada a quien recuerdan su compromiso de transparencia. “Como en todos los ámbitos de la gestión municipal, Patricia Cavada debe facilitar el acceso a cualquier información de relevancia y adoptar cuantas medidas sean necesarias para aclarar una situación como la que involucra a su delegada de Urbanismo. Reiteramos por ello la petición realizada ayer por nuestro presidente de que se ordene una inspección urbanística de la finca objeto de controversia, y se den a conocer, a la mayor brevedad, los resultados de la misma”.

AxSí exige el nombramiento de un asesor jurídico externo e independiente que asuma la defensa de la Empresa de Suelo en el procedimiento penal iniciado y anuncia que el consejero propuesto por la formación en el Consejo de Administración se reserva las oportunas acciones legales que procedan.

“Cuando piensas que la alcaldesa y el gobierno menos transparente y más mentiroso de la historia de este Ayuntamiento ha tocado fondo, va y te sorprende con un nuevo y escandaloso episodio de sospechosa oscuridad”. El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, detalla las mentiras que rodean a la denuncia presentada por la concejala de Urbanismo y Presidenta de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), Claudia Márquez,  contra dicha empresa y su plantilla respecto de la tramitación de las ayudas de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) concedidas por la Junta de Andalucía y destinadas a la rehabilitación de los bloques de la Barriada Bazán, cuyo importe asciende a casi cinco millones de euros. Una denuncia presentada a instancias y con el asesoramiento de la señora Cavada como alcaldesa y presidenta de la Junta General de Accionistas de Esisa. Romero ofrece una detallada cronología de los hechos.

-25 enero 2021. Con dicha fecha, Márquez, como concejala de Urbanismo y Presidenta del Consejo de Administración de Esisa, presenta escrito ante la Fiscalía Provincial de Cádiz para que “se valore la ilicitud y legalidad de unas conductas que podrían ser merecedoras de reproche penal”. En dicho escrito se hace referencia a una reunión en el bloque 5 de la Barriada de Bazán con su presidente de comunidad y otros vecinos. De igual forma, se refiere a una serie de hechos que incumben a personal de Esisa en relación con la tramitación y ejecución de las subvenciones otorgadas a la Barriada Bazán para la rehabilitación de vivienda, encomendadas a la Empresa de Suelo en el Pleno del 31 de julio de 2019. Durante todo el escrito, Márquez habla como si se tratase de un personal ajeno a sus responsabilidades como presidenta del Consejo de Administración de Esisa.

En todo momento, la concejala oculta a dicho Consejo de Administración y al gerente la de la Empresa de Suelo la presentación de la denuncia. Es más, un día después de interponerla, Márquez remite un escrito al gerente reclamándole que informe sobre la actuación de la empresa, al que se responde tres días después con sendos informes del propio gerente y de un responsable técnico en el que se relatan los trámites seguidos.

“En este sentido recordemos que la señora Márquez, como presidenta del Consejo de Administración, y en nombre de la señora Cavada, da instrucciones a Esisa para trabajar con el presidente de la asociación de vecinos, quien asume la dirección del expediente; es quien preside el acto público de adjudicación a los estudios de arquitectos que se presentaron para redactar los informes y proyectos exigidos por la normativa; fue informada y era conocedora de las posibles empresas que presentarían sus ofertas de presupuestos de las obras sin que nada objetara; fue invitada por el presidente de la asociación de vecinos y los administradores de los bloques y acudió con personal de Esisa a la reunión de coordinación en la Delegación Territorial de la Consejería, comprometiéndose públicamente a seguir los requerimientos de la tramitación en todos sus términos y encargando al responsable técnico de Esisa la asistencia a la asociación de vecinos en dicha tramitación; y es la que interviene en la presentación de las solicitudes con los presupuestos de las empresas de los quince bloques para ser enviadas dentro de plazo a la Junta de Andalucía. Todo esto se hace antes y después de presentar la denuncia a finales de enero del presente año, de manera que tenía pleno conocimiento del trabajo que se estaba efectuando”, indica Romero.

-7 de febrero. Incomprensiblemente, Cavada, como alcaldesa y presidenta de la Junta General de Accionistas de Esisa, a pesar de que era conocedora y había dado el visto bueno y asesorado a su concejala para que presentara dicha denuncia, emite una nota de prensa jactándose literalmente de que “habían sido los primeros en presentar la documentación requerida cumpliendo cada uno de los hitos de forma meticulosa”. En dicha nota además presumía de la “colaboración y coordinación con la asociación de vecinos Bazán, las comunidades de propietarios y los propios vecinos y vecinas como esencial para presentar la documentación y cumplir cada trámite en tiempo y forma con seriedad y rigor”,  para terminar hablando de la “calidad de las solicitudes presentadas”.

“¿Qué locura de gobierno es éste? ¿Cómo se puede presentar con una mano una denuncia en Fiscalía contra Esisa y su personal y con la otra, unos días después, redactar un comunicado de prensa presumiendo del trabajo de la misma y de su personal diciendo que había sido serio, riguroso, meticuloso y desde la total colaboración y coordinación con las comunidades de propietarios de Bazán? ¿Por qué Cavada no paralizó el expediente hasta aclarar todos los hechos presuntamente delictivos que denunció con su conocimiento y consentimiento Márquez? ¿Por qué se pasa de posibles irregularidades administrativas a una denuncia de carácter penal sin informar previamente ni dar oportunidad de aclarar a su personal y contrastar la información que había llegado a Márquez y Cavada? ¿Por qué se permitió que ese personal de Esisa siguiera trabajando con total normalidad con Márquez y Cavada si pudieran estar cometiendo delitos? ¿Por qué la absoluta falta de transparencia con el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas a los que de nada se nos informa? ¿Qué intereses espurios y oscuros ocultan?”, reflexiona el portavoz.

-2 de septiembre de 2021. La Fiscalía finalmente interpone denuncia contra la propia Esisa y tres miembros de su personal.

-7 de septiembre de 2021. La señora Márquez se ratifica en todos los términos en su denuncia.

-25 de octubre de 2021. Se celebra un Consejo de Administración en el que, nueve meses después, se informa a los consejeros de la existencia de la denuncia de la señora Márquez y de la apertura de Diligencias Previas contra Esisa por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando con fecha de 14 de octubre. En dicho consejo, Márquez reconoce que informa y pide asesoramiento a Cavada, a la Secretaria Municipal y otros asesores jurídicos, antes de interponer la denuncia y afirma que “cuando hace el traslado a la Fiscalía lo hace a título personal, por eso no ha habido intervención de los consejeros”.

“Ésta es una mentira burda y lamentable pues en el propio escrito que firma la señora Márquez ella misma se presenta en dos ocasiones al Ministerio Fiscal como concejala de Desarrollo Urbano y presidenta del Consejo de Administración. Debió por tanto haber informado al Consejo, ya que su presidenta no puede actuar por sí sola en representación del mismo o de la sociedad. Correspondía al consejo como órgano colegiado, después de conocer  los hechos, haber tomado o no la decisión de denunciar. Y Cavada y Márquez no sólo han mentido, sino que han incumplido el Artículo 23 l) de los estatutos de Esisa que establece como competencia del Consejo el ejercicio de acciones, así como el Artículo 233.2.d) de la Ley de Sociedades de Capitales que preceptúa que el poder de representación corresponde al Consejo que actuará colegiadamente. Esta mentira y esta ilegalidad desacreditan políticamente a Cabada y Márquez y las inhabilitan como mínimo para continuar en el ejercicio de sus respectivos cargos como presidenta de la Junta General de Accionistas y presidenta del Consejo de Administración”, subraya Romero.

También el 25 octubre de 2021, la plantilla afectada registra en el Ayuntamiento un escrito, dirigido especialmente al Interventor General, en el que expone en relación con las subvenciones concedidas y transferidas al Ayuntamiento que “Siendo imposible calcular en este momento las consecuencias de dicho procedimiento judicial y a fin de proteger el patrimonio público y el de la propia mercantil Esisa (…) ponemos en conocimiento los hechos a fin de que se adopten las medidas de protección de dicho patrimonio que tienen encomendadas”.

-2 de noviembre de 2021. El consejero nombrado a propuesta de AxSí solicita a la presidenta de Esisa la celebración de un Consejo de Administración para el nombramiento de un asesor jurídico externo e independiente que asuma la defensa de la empresa en el procedimiento penal iniciado. Dicha petición ni siquiera es contestada y se insiste en la misma el 30 de noviembre mediante un nuevo escrito ya firmado por dos consejeros, que constituyen un tercio del Consejo, pidiendo dicha convocatoria para este nombramiento y que la presidenta del Consejo se abstenga en su deliberación y voto dada su condición de denunciante. En el Consejo de ayer, 9 de diciembre, por fin se trata el asunto del tan necesario nombramiento sin que se apruebe nada al respecto. En cualquier caso, el consejero propuesto por este grupo municipal hizo constar la reserva de oportunas acciones legales que procedan con base en el deber de diligencia y la responsabilidad de los administradores que establece la Ley de Sociedades de Capital en sus artículos 225 y siguientes.

-22 de noviembre de 2021. El gobierno municipal de la señora Cavada envía nota de prensa a los medios en la que Márquez, entre otras lindezas, dice que “se podrían haber traspasado los límites administrativos encomendados, que correspondían a la empresa en la toma de decisiones y elaboración de la documentación”. Afirmación que contrasta con su denuncia de 25 de enero y su posterior ratificación el 7 de septiembre, en la que se ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal conductas del personal de Esisa que pudieran ser constitutivas de delito e igualmente contrasta con la nota de prensa de la señora Cavada del 7 de febrero en la que presume de una impecable tramitación.

Márquez habla también en esta nota de “la necesaria transparencia a la que se debe el ejercicio de lo público. Tales afirmaciones vienen de una presidenta del Consejo de Administración que, con el consentimiento y asesoramiento de la señora Cavada, presentó el 25 de enero una denuncia contra Esisa que ocultaron al personal, al Consejo de Administración y a la Junta general de Accionistas, que es el Pleno del Ayuntamiento, hasta el 25 de octubre, nueve meses más tarde. Once Plenos más tarde, cuarenta Juntas de Gobierno local más tarde y varios Consejos de Administración más tarde. Cavada y Márquez han dejado pasar todos estos momentos deliberada y sospechosamente para informar con transparencia y legalidad de lo que estaba ocurriendo en Esisa con unas subvenciones de cinco millones de euros”, recalca el portavoz de AxSí.

En la misma nota de prensa, Márquez proclama que “una vez puesta en conocimiento de la Fiscalía la información sobre las dudas administrativas, se convocó a los trabajadores, así como al Consejo de Administración de Esisa para explicar los pasos realizados, a la vez que se encargaron informes internos a fin de aclarar la situación y aportar la documentación aclaratoria al expediente”. “Es radicalmente falso, es otra gran mentira. La denuncia se presenta el 25 de enero y el Consejo de Administración en el que se informa a los consejeros es de 25 de octubre. El equipo de gobierno de Cavada sigue instalado en la oscuridad y en la falta de transparencia, convencido de que si repiten una mentira una y otra vez engañarán al ciudadano haciéndola verdad”, afirma Romero.

"Seis años de acción de gobierno y no tiene usted, señora. Cavada, en su haber una sola vivienda pública, hágaselo mirar porque es para nota. Seis años después de incapacidad en esta materia sectorial, tan transversal en los proyectos vitales de la ciudadanía", finaliza la formación.

Al hilo de ello, José Loaiza afirmó que, según ya ha podido conocer, la Fiscalía no se encuentra investigando este caso, sino que ya hay diligencias previas en un juzgado, “con lo cual estamos hablando de un procedimiento abierto en el que se ha llamado a declarar como investigados a tres trabajadores y, parece ser, que en esas diligencias también se encuentra como parte implicada la propia empresa pública”.

El edil popular subrayó que el Gobierno de Patricia Cavada miente al afirmar que ya puso en conocimiento del consejo de administración de Esisa las supuestas irregularidades. “No es así. Claudia Márquez puso la denuncia en enero y hasta ahora, transcurridos once meses,los trabajadores de Esisa no han sabido de esa denuncia. Pero es que el consejo de administración de la empresa pública tampoco ha sido informado por la señora Márquez, se ha enterado por los propios trabajadores. Eso significa mala praxis mercantil, la presidenta de un consejo de administración toma decisiones para investigar a la empresa sin ponerlo en conocimiento del órgano máximo de dirección que, en este caso, sería el consejo de administración, con independencia de la Junta General, que es el Pleno municipal”.

A juicio de Loaiza, estos movimientos del gobierno de Patricia Cavada dejan en evidencia “cosas extrañas”y suscitan muchas dudas que, a día de hoy, siguen sin respuesta. “¿Por qué se pone una denuncia sin el conocimiento del consejo de administración? Pero, voy a más. Hay un miembro de ese consejo, designado por el PP, que ha pedido en dos ocasiones por Registro que se le informe y convoque el consejo de administración, además de solicitar que se busque asesoría jurídica para exponer claramente a los consejeros qué es lo que está pasando. A día de hoy -revela el edil- el consejo de administración de Esisa no tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido para que Claudia Márquez interpusiera en enero, hace ya once meses, una denuncia en Fiscalía”.

Por tanto, "¿cómo está actuando la presidenta?¿Por qué está actuando de esa manera, con ese oscurantismo?¿Por qué ha ocultado desde enero hasta noviembre esa denuncia? Son las primeras preguntas que debe aclarar Claudia Márquez y, ojo, Patricia Cavada, que también lo sabía”, subrayó.

Habla la delegada de Urbanismo, la denunciante, de posibles irregularidades, “no obstante la señora Márquez sabía como estaba actuando la empresa, porque a mí me dicen que sí, tenía conocimiento de cómo Esisa estaba llevando el procedimiento. Tiene que aclararlo. Yo no digo que lo supiera, pero me dicen que era consciente de ello y ,sin embargo, mientras, había presentado una denuncia, y no tomó medidas. Desde enero hasta ahora no ha tomado ninguna medida. Y me pregunto, ¿por qué ha actuado así? Aquí hay cosas muy extrañas”, afirma Loaiza

En tercer lugar, el líder local del PP pidió, en este caso a la alcaldesa socialista, la convocatoria urgente de la Junta General de Esisa, que es el Pleno municipal, para que se explique la situación generada tras la denuncia de Claudia Márquez.

“Esto hay que aclararlo”, dijo. “Lo que no vale decir es que unos vecinos han dicho. En la barriada Bazán hay muchos bloques que han realizado un procedimiento, hay administradores de fincas implicados, está el presidente de la asociación de vecinos Bazán que es quien ha firmado muchos de estos papeles y que, imagino, algo tendrá que decir al respecto”

Loaiza también preguntó si Claudia Márquez tiene algún interés personal en el bloque de viviendas que ha denunciado las supuestas irregularidades en el procedimiento “Viven en ese bloque familiares de la presidenta de Esisa y delegada municipal de Urbanismo? ¿Hay en ese bloque un domicilio social de una empresa del marido de Claudia Márquez? Son preguntas que es necesario realizarse puesto que puede haber intereses contrapuestos de actuaciones de la señora Márquez, que es delegada de Urbanismo y presidenta de Esisa. ¿Es una coincidencia? Creo que es muy importante para clarificar todas estas cuestiones que se convoque urgentemente el consejo de administración de Esisa y la Junta general de la empresa pública para que Claudia Márquez pueda informar de esta situación y despejar todas las dudas que surgen de su actuación, máxime cuando es también delegada municipal de Urbanismo del gobierno de Patricia Cavada”.

“Ojo -alertó Loaiza- que estamos hablando de 3,7 millones de euros de subvenciones; estamos hablando de que iba a venir otro millón más para la Bazán. Estamos hablando de si estas presuntas irregularidades pueden dar al traste con la anhelada rehabilitación de alguno de estos bloques. Todo esto hay que aclararlo, y no mediante una nota de prensa con la que da la sensación de que el gobierno de PSOE y Ciudadanos quiere pasar de puntillas ante este grave suceso. Esto es, a priori, muy grave, y los isleños, los vecinos de la Bazán, merecen todo el respeto y la transparencia al respecto. Estamos hablando de dinero público, estamos imputando delitos a personas a una empresa municipal, y lo está haciendo, precisamente, la presidenta del consejo de administración de esa empresa”, sentenció.

Es por ello que 3R se congratula del acuerdo proveniente desde la Presidencia del Consejo de Administración y que, no es otra, que darle cumplimiento a sus obligaciones legales, “algo que ocurre ahora pero que, en esta misma situación en 2019, fue completamente ignorada y soslayada, dejando al isleño sin posibilidad de saber del estado real de las cuentas de su única empresa pública”.

La formación recuerda que fue ella la que solicitó formalmente, el pasado 6 de septiembre que las auditorías de las cuentas de Esisa de 2019, 2020 y 2021 fueran publicadas y puesta a disposición de la ciudadanía, después de sendas reuniones con la Gerencia de la mercantil pública y la entrega de la Resolución del Consejo de Transparencia de Andalucía.

Los isleños tendrán acceso a los derechos que le asiste en el marco de la transparencia de su mercantil pública, como así establece el ordenamiento jurídico y referido al estado de sus cuentas anuales, visto desde la objetividad y especialización de una auditoría externa. “Toda una necesidad cada día mas palpable en un Estado de Derecho”, indican desde 3R.

El Gobierno local destaca el importante hito que supone la construcción de estas 15 viviendas en régimen de alquiler, cuya ejecución comienza  en septiembre, y que abre una etapa en la que se va a movilizar hasta principios del próximo año la ejecución de 100 viviendas con una inversión de 10 millones de euros

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y la delegada de Desarrollo Urbano y presidenta de la Empresa de Suelo Isleña, S.A. (Esisa), Claudia Márquez, han expresado hoy su satisfacción por el nuevo tiempo que se abre en la ciudad en políticas de vivienda, y que se ejemplifica con el inicio de la ejecución en este mes de septiembre de la primera promoción pública auspiciada por el Ayuntamiento isleño desde 2007.

Márquez ha sido la encargada de dar los detalles de esta construcción, la de quince viviendas públicas en régimen de alquiler en la calle Alsedo, y cuya primera piedra rompe la parálisis de los últimos 14 años en San Fernando.

Como ha recordado la delegada de Desarrollo Urbano, este mes ha tenido lugar la adjudicación de las obras de la promoción en la finca de Alsedo, por lo que la empresa adjudicataria, Herysan, iniciará a primeros de septiembre la construcción de este edificio que contará con una inversión de más de 981.000 euros. Hay que recordar que “ya actuamos con agilidad para el realojo de las seis familias que habitaban esta finca, así como para la demolición de la anterior edificación, por lo que una vez que se firme el contrato en estos días podremos estar listos para comenzar las obras a primeros de septiembre”, ha apuntado Márquez, que ha insistido en que “estamos cumpliendo nuestro compromiso y los plazos que nos habíamos marcado para poder iniciar esta promoción”.

El plazo de ejecución de las 15 viviendas en régimen de alquiler se ha reducido a doce meses, por lo que la previsión es que en el otoño de 2022 se pueda hacer efectiva la entrega de llaves de esta promoción que se levantará en un solar de 473 metros cuadrados entre la calle Alsedo y calle Onofre, en pleno centro de la ciudad.

Será un edificio de tres plantas, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios en cada una, y con ascensor. Todas las casas estarán dotadas de cocina (solo a falta de electrodomésticos), para evitar a los y las futuros ocupantes el coste de uno de los elementos más gravosos de un hogar. Además, el nuevo edificio que se va a construir va a conservar el patio central que daba su esencia a la antigua finca.

“Dar orden para poder encadenar operaciones”

Al respecto de lo anterior, tanto la alcaldesa de San Fernando como la delegada han querido felicitar al personal de Desarrollo Urbano y de Esisa, representados hoy en la comparecencia por el gerente de la empresa pública, Juan Ferrer, y por el arquitecto de licencias y disciplinas, Carmelo Maura.

Como ha resaltado la primera edil, “iniciamos este nuevo tiempo gracias a todo el trabajo realizado antes, a los pasos administrativos que hemos dado estos años y al esfuerzo para poder desarrollar políticas y operaciones de vivienda pública que den respuesta a la necesidad de la ciudadanía”. Además, “este trabajo se ha centrado en dar respuestas desde distintos puntos de vista, a través de distintas herramientas y con atención también a los diferentes perfiles de las personas demandantes”.

En palabras de Cavada, “esta primera piedra que vamos a poner en septiembre supone un esfuerzo para revertir la situación que me encontré al llegar al Gobierno municipal: con una deuda de Esisa de más de 6 millones de euros, con imposibilidad de afrontar créditos, con la crisis del ladrillo, sin planes de vivienda estatal o autonómicos”.

En este sentido, la tarea se ha centrado estos años en dar orden reduciendo la deuda de Esisa, recomponiendo la relación y las dinámicas de trabajo entre el Ayuntamiento y la empresa pública (suelos, fiscalidad, financiación, colaboración, etc.) para alcanzar una gestión integrada de ambos entes y así poder iniciar los trámites, muchas veces complejos, que ahora están ya permitiendo ir en cadena a una operación tras otra.

Cavada ha manifestado su satisfacción porque “hemos hecho mucho y en muchos ámbitos en este tiempo”. Así, ha resaltado que desde ahora y hasta principios de 2022 se va a movilizar la construcción de unas 100 viviendas públicas promovidas por el Ayuntamiento, que suman en total una inversión de cerca de diez millones de euros. Y es que, como ha recordado la alcaldesa, a la promoción de Alsedo se suma la de Ronda del Estero, con 81 viviendas y una financiación de más de siete millones de euros.

Esas promociones también han sido posibles “gracias a la importante y exitosa estrategia municipal de captación de inversiones y subvenciones, que nos han permitido lograr 7,4 del total de 10 millones que se van a dedicar a la construcción”, ha añadido Cavada, que ha apostillado que “ya estamos trabajando la  documentación para nuevas convocatorias en régimen de alquiler en otros suelos”.

Además de lo anterior, la alcaldesa ha explicado que ya se está ultimando el pliego para la compraventa de vivienda construida con fines sociales, para que se licite antes de final de año; y que se han mantenido conversaciones con empresas para la puesta en marcha de promociones privadas con modelos innovadores para que, con inversión privada, se pueda construir vivienda pública en San Fernando.

En este balance, la regidora tampoco ha olvidado mencionar la rehabilitación de vivienda, como la que se va a realizar en la Barriada Bazán gracias a la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Cádiz, que ha destinado a esta actuación 3,7 millones de euros.

En la misma línea, Cavada ha detallado la operación innovadora que puede situar a San Fernando como referente para construir viviendas en régimen de cooperativa (un total de 162). Con este proyecto se atiende la necesidad de ese segmento de la población que no es tan vulnerable ni tiene tan escasos recursos, pero que sí tiene dificultades para acceder al mercado libre.

Por último, la regidora ha puesto de relieve que en un momento coyuntural muy complicado por la pandemia de la covid-19, el Ayuntamiento y Esisa fueron capaces de poner en marcha unas ayudas al alquiler dotadas con 100.000 euros. En total, se han recibido 263 que están en fase de análisis y evaluación.

“Hablamos de un impulso de operaciones en todos los ámbitos. Hoy san Fernando puede decir que hay un número muy importante de construcciones públicas y privadas que están dando mucho empleo, que están generando actividad económica en base a un modelo de desarrollo de ciudad. Es difícil encontrar un municipio en el entorno con tanta actividad”, ha resaltado la alcaldesa.

Como ha enfatizado, “es un mérito de Esisa, del Ayuntamiento, en especial de las área de Desarrollo Urbano, Patrimonio y Hacienda, y por eso quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras, porque la construcción sostenible de viviendas para los diferentes sectores de la población con la implicación de lo público es una estrategia fundamental de esta ciudad”.