El Ayuntamiento transferirá a Hemsa algo más de 391.000 euros mensuales, alcanzando los 4,7 millones de euros por año de servicio.

La alcaldesa, “orgullosa” de culminar el proceso administrativo para gestionar desde lo público la ayuda a domicilio, agradece a las trabajadoras “su paciencia y la reivindicación”.

El Ayuntamiento de San Fernando ha aprobado este lunes 8 de julio en un Pleno extraordinario la culminación del proceso administrativo para la remunicipalización de la Ayuda a Domicilio a través del encargo de la gestión directa del servicio a la empresa municipal Hemsa como medio propio. También se ha aprobado una modificación de crédito para garantizar la prestación del servicio con todas las garantías para las personas usuarias y para las trabajadoras y trabajadores de la empresa, que serán subrogados conforme a convenio colectivo.

Este medio, como siempre ha querido saber de primera mano cuales han sido las sensaciones que ha vivido la futura plantilla de Hemsa. "Es que es muy difícil de resumir lo que hemos sentido hoy, ha sido un ir y venir de emociones y de sensaciones, a veces estábamos arriba, otras abajo, alegría, llanto, pero ya es un hecho, nuestras caras muestras la alegría de una plantilla que hoy se siente por fin reconocida gracias al cambio de modelo de gestión", declara la presidenta del comité Mariola Quesada.

El Pleno ha concluido con el aplauso de las trabajadoras presentes en la sala, a quienes la alcaldesa, Patricia Cavada, ha reconocido “su paciencia y la reivindicación”. Igualmente, ha dado las gracias al personal municipal por culminar este complejo expediente poniendo en ello “todo su conocimiento, su experiencia, talento y compromiso con lo público. Hoy, como alcaldesa de esta ciudad y como mujer alcaldesa, me siento orgullosa de haber culminado este proceso y de que me hayan acompañado en el camino”, ha manifestado.

La regidora isleña ha señalado que, a partir de este momento, la mejora laboral de la plantilla “va a verse reflejada en la reducción de la jornada a las 35 horas semanales, lo que va a suponer una mejora de la retribución para el 80 por ciento de la plantilla ya de forma automática”.

Asimismo, se traducirá en una mejora de la organización que va a contribuir a que las trabajadoras completen su jornada y su retribución mensual, sin pasar por alto tampoco las mejoras en la asignación de las horas de las trabajadoras existentes cuando se incrementen las necesidades del servicio, completándose así las jornadas para “evitar la precariedad a la que asistíamos de mujeres que tenían pocas horas asignadas al mes y que, en ocasiones, se veían obligadas a acudir a un segundo empleo para tener un sueldo digno”.

De la misma manera, la alcaldesa ha aludido a las mejoras que la remunicipalización del servicio implicarán en materia de equipamiento, así como de formación, que “será mucho más adecuada y adaptada a las necesidades que nos ha planteado la propia plantilla”.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha manifestado que, aunque sea “agridulce” para quienes se han opuesto a este hito, “hoy es un día muy feliz para la plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio” y para también “para quienes estamos aquí para cambiar realidades que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, que apostamos por más y mejores servicios públicos y por unas condiciones laborales justas para las trabajadoras y trabajadores de unos de los servicios más bonitos que ayuda a quienes más lo necesitan, y también de los más duros desde el punto de vista físico y mental”. Y todo ello “a través de la potenciación de la gestión pública de los servicios municipales”.

Según ha apuntado, la aprobación del encargo de la gestión directa de la Ayuda a Domicilio a Hemsa ha sido posible gracias a que “hemos cambiado radicalmente la situación económica del Ayuntamiento”, que ha pasado de casi 48 millones de euros de deuda hace nueve años a “poner a cero el contador de la deuda”.

Así, el Ayuntamiento está en condiciones de “asumir el reto de gestión desde lo público de la Ayuda a Domicilio mejorando la calidad del servicio, las condiciones laborales de las personas que prestan el servicio y de la manera más eficiente en la gestión de los recursos públicos”. En este sentido, ha explicado que el precio de la hora se establece en 15,45 euros, mientras que tanto la Diputación gaditana como otros ayuntamientos del entorno que prestan la ayuda a domicilio a través de una empresa externalizada rondan los 20 euros la hora y, además, esos cinco euros de diferencia “van al beneficio empresarial, no a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras”.

El edil ha relatado durante la sesión los pasos dados para llegar hasta aquí atendiendo a “la reivindicación de la plantilla por unas condiciones dignas de trabajo” en un sector marcado por la “precariedad laboral”. La apuesta por este cambio de modelo para la gestión desde lo público de la ayuda a domicilio a través de la empresa municipal va a permitir una gestión más eficiente de los recursos públicos, introducir mejoras en la calidad del servicio y condiciones laborales justas para la plantilla, ha resumido Rodríguez.

Además del encargo de gestión directa a Hemsa, el Pleno ha aprobado una modificación de crédito para asegurar la prestación del servicio con todas las garantías con independencia de los retrasos de la Junta en los pagos que le corresponden. De hecho, como ha explicado Rodríguez, el Ayuntamiento aún está esperando los pagos de la Junta del año pasado. Por ello, el Ayuntamiento transferirá a Hemsa algo más de 391.000 euros mensuales, alcanzando los 4,7 millones de euros por año de servicio.

Finalizado el proceso administrativo, los trámites para formalizar el traspaso culminarán sobre mediados de agosto, una vez que la empresa saliente (Claros SCA) entregue la documentación necesaria. Cabe recordar los pasos que se han ido dando por parte de Hemsa para agilizar al máximo este proceso, tal y como adelantó este medio este domingo, como ha sido el acondicionamiento del local para acoger el servicio, las bolsas de empleo convocadas para cubrir las necesidades temporales y urgentes que puedan producirse por circunstancias de producción, así como por ausencia o sustitución de las personas trabajadoras, la adquisición de programas de gestión específicos o el encargo del nuevo vestuario, entre otras.

La plantilla del servicio de Ayuda a Domicilio está integrada por más de 225 trabajadoras que serán subrogadas ahora por la empresa municipal Hemsa conforme al convenio colectivo.

El Ayuntamiento ha confirmado hoy al comité de empresa que el encargo a Hemsa de la Ayuda a Domicilio es “inminente” ya que en poco días culminación del proceso administrativo para la municipalización de este servicio.

El expediente para la prestación del servicio a través de Hemsa A como medio propio está ultimándose y, una vez aprobado, quedará completado el proceso administrativo necesario para su municipalización.

El Ayuntamiento de San Fernando ha confirmado al comité de empresa de Ayuda a Domicilio la “inminente” culminación del proceso administrativo para la municipalización de este servicio, que se completará con la aprobación del expediente para el encargo de la gestión directa del mismo a Hemsa como medio propio del Ayuntamiento.

El concejal de Servicios Públicos Municipales, Conrado Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Isa Blanco, y el gerente de Hemsa, Miguel Ángel Casal, han mantenido un encuentro con el comité de empresa de Ayuda a Domicilio en el que se ha dado cuenta del punto en el que se encuentra el complejo procedimiento administrativo necesario para la municipalización del servicio, que es ya “inminente”.

En este sentido, han detallado que el expediente para el encargo a Hemsa está “prácticamente listo”, finalizando el proceso definitivamente con su aprobación, lo que ocurrirá “en breve”. De hecho, el Ayuntamiento isleño ya ha comunicado formalmente la situación a la actual empresa adjudicataria (Claros SCA) a fin de coordinar y agilizar la incorporación de los aproximadamente 200 trabajadores a Hemsa, que se serán subrogados conforme al convenio colectivo.

Asimismo, se ha informado al comité de empresa de otros pasos que se han ido avanzando por parte de Hemsa de cara a la inmediata asunción de la Ayuda a Domicilio, como el acondicionamiento del local para acoger el servicio; las bolsas de empleo convocadas para cubrir las necesidades temporales y urgentes que puedan producirse por circunstancias de producción, así como por ausencia o por sustitución de las personas trabajadoras; la adquisición de programas de gestión específicos o el encargo del nuevo vestuario, entre otras.

Como ha subrayado Rodríguez, el Gobierno local “viene trabajando y está trabajando con rigor y seriedad para dar cumplimiento a su compromiso, que se hará efectivo ya de forma inmediata”, lo que va a redundar en una mejora de la calidad de la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio y también de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.

Rodríguez ha incidido en que la Ayuda a Domicilio es un servicio “esencial” de la ciudad de San Fernando, ya que atiende a alrededor de medio millar de personas mayores en situación de dependencia.

Rodríguez ha resaltado que Hemsa está en disposición de asumir la Ayuda a Domicilio tras la modificación de sus estatutos para incorporar la prestación de este servicio en su objeto social, lo que se producirá de manera efectiva tras completar el último trámite administrativo, que ha insistido en que está “muy próximo.

Por último, el edil ha trasladado al comité de empresa la “comprensión” del equipo de gobierno ante “la inquietud o la desesperación que puedan sentir los trabajadores por los tiempos que conlleva un proceso administrativo tan complejo como este, y que son más largos de lo que a todos nos gustaría”.

Dada la complejidad administrativa que supone asumir desde lo público servicios que en su día se privatizaron, ha explicado que el gobierno local está centrado en actuar en firme y no dar “ningún paso en falso” que pudiera derivar en recursos que ralentizaran el proceso. Finalmente, ha reiterado el “compromiso claro” del Ayuntamiento con la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio que, como ha asegurado a los representantes de las trabajadoras, “se va a cumplir”.

AxSí se suma a la preocupación de las auxiliares ante la ausencia de avances, ocho meses después, por parte del Gobierno local de Cavada/López Gil sobre la anunciada municipalización de este servicio.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí y candidato de la formación a la Alcaldía de San Fernando, Fran Romero, ha mantenido hoy un nuevo encuentro en el Centro Andaluz con una representación de las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. Durante esta reunión estas trabajadoras, que dan voz a casi 170 profesionales, han trasladado a Romero su preocupación ante la ausencia de avances por parte del gobierno local de Cavada/López Gil sobre la anunciada municipalización de este servicio.

“Hay que recordar que el pasado 3 de agosto, después de 69 largos días de vigilia a la intemperie de estas trabajadoras, Cavada anunció que el Ayuntamiento asumiría ese servicio municipalizándolo a través de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa). Para ello Esisa se transformaría en Hemsa (Servicios Públicos Municipales San Fernando). Lamentablemente, ocho meses después la situación de estas profesionales nada ha cambiado y siguen teniendo que afrontar las vergonzosas y abusivas condiciones laborales por parte de la empresa concesionaria mientras llega la municipalización. Hoy por hoy las principales reivindicaciones de este colectivo son las mismas que motivaron su vigilia: sueldos precarios, la necesidad de jornadas de 35 horas semanales y la racionalización de los horarios de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, eliminando los sábados de la jornada laboral”, señala el candidato.

“Cuanto más tiempo pasa más claro queda que lo de Cavada fue una maniobra para ganar tiempo y quitarse de en medio una protesta diaria a las puertas del Ayuntamiento con unas elecciones a la vista. Aún queda mucho por hacer para la municipalización de este servicio. No fue hasta diciembre de 2022 cuando se llevó a Pleno la aprobación del inicio del expediente y la constitución de la correspondiente comisión de estudio para estudiar la viabilidad de la gestiona través de la empresa. Y ni siquiera están aprobados por la junta general de la empresa pública los estatutos para su transformación en Hemsa y aún hay que formalizar su nombramiento como medio propio. Además, el proceso precisa de la aprobación de una memoria de gestión para la incorporación del servicio a la futura Hemsa, que aún ha de llevarse a Pleno”, indica el andalucista.

Por todo ello, Romero exige a Cavada que agilice en la medida de lo posible el proceso para la municipalización del servicio. El candidato además se ha comprometido con las auxiliares a velar desde la Alcaldía por que las condiciones laborales de las mismas sean adecuadas y acordes con sus reivindicaciones. “Lo que no es de recibo es que mientras se completa el proceso estas trabajadoras tengan que seguir afrontando unas condiciones laborales indignas e insostenibles. Cavada no puede eternizar esta situación”, concluye el candidato de AxSí.

Hartas de la situación y tras reiterar varias veces esta petición de información en los últimos cinco meses, “no nos han dejado otra opción y no nos ha quedado más remedio que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía. Hemos denunciado hace unos días este incumplimiento a la hora de proporcionar información pública por parte del Gobierno municipal. Se lo hemos reiterado hasta en tres ocasiones por escrito, y muchísimas más de
palabra, pero no quiere que la plantilla y sus representantes tengamos acceso a unos documentos que pueden aclarar cómo ha sido, y quienes han sido los responsables del tremendo disparate de gestión que se ha llevado a cabo en este servicio municipal desde el
inicio del contrato con Claros SCA en marzo de 2019”.

Le exigen a Cavada y al gobierno municipal (aunque de Ciudadanos no esperan nada, ya que ni  siquiera han querido reunirse con las trabajadoras) que “depongan su actitud obstruccionista
respecto al derecho a la información, y aclaren de que parte están, si de la transparencia y el bueno gobierno, o van a persistir en una actitud que solo favorece a la empresa concesionaria, y a aquellos que hayan actuado negligentemente ante los incumplimientos de la mismas".

Según UGT San Fernando las trabajadoras de Ayuda a Domicilio  se muestran indignadas con la información dada por la alcaldesa a la concejala popular María José De Alba, en la que Cavada afirma que ya les ha dado acceso a la información del expediente. Han solicitado en la mañana de este miércoles por Registro de Entrada que la regidora aclare esta respuesta y rectifique lo que ha afirmado en un documento oficial.

El Comité niega que hayan tenido acceso al expediente y se preguntan que hay en el mismo para que se le pongan tantas trabas a su consulta. Las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio han expresado su “más profunda indignación y sorpresa” ante la respuesta que ha dado la alcaldesa de la ciudad en relación al acceso al expediente de contratación del servicio que llevan solicitando reiteradamente desde el pasado noviembre. Ha sido la concejala popular María José de Alba la que ha recibido una respuesta por escrito de Cavada, en relación a una cuestión que la primera planteó en el Pleno municipal del pasado mes de febrero. En la misma, ante la pregunta realizada sobre los motivos por los cuales la alcaldesa no permitía a las trabajadoras acceder al expediente de contratación de la Ayuda a Domicilio, la alcaldesa ha respondido textualmente: “Le informo que ya han accedido al expediente completo”.

Desde la plantilla han señalado que esa afirmación es “rotundamente falsa. Puesto que el Comité de Empresa no ha sido ni citado, ni se le ha permitido el acceso a ningún documento de los que debe contener dicho expediente municipal”. Y le exigen a Cavada que “Rectifique y no mienta más en este asunto. Le hemos pedido esta misma mañana que lo haga de manera oficial”. Han aprovechado también dicho escrito para reiterarle su petición de información y para recordarle su obligación legal de proporcionarla. “Llevamos desde noviembre solicitándolo de manera reiterada y la alcaldesa abusa del recurso del silencio administrativo para negarnos nuestros derechos.

La Ley de Transparencia censura estos comportamientos y al final, este Ayuntamiento que dice que quiere facilitar la vida a las mujeres, va a obligar a 160trabajadoras a sacar dinero de donde no lo tienen, para ir a pleitear y obtener lo que por ley les pertenece”.

Una nueva denuncia ha sido interpuesta por las representantes de las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de San Fernando.

En este caso se trata del impago del tiempo empleado por las auxiliares en los desplazamientos éntrelos distintos servicios a los que acuden a atender a los dependientes isleños.

“La empresa lleva desde el inicio del contrato sin pagar estos desplazamientos a las compañeras que son, y han sido (muchas ya no están trabajando en la empresa), eventuales, o que tienen contratos de fines de semana, de sustituciones de otras compañeras o que se encuentran en bolsa de horas. No se los han incluido en los cuadrantes y la empresa no se los ha pagado como tiempo efectivo de trabajo, tal y como obliga el Convenio”, han señalado desde la representación sindical de la plantilla.

Citan el artículo 39.2.A) del VII Convenio Estatal de la Dependencia, que es el aplicable, que dice textualmente: “Tendrán la consideración de trabajo efectivo tanto las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio de la persona usuaria como las empleadas en desplazamientos entre servicios realizados consecutivamente...”.

Ante esta situación, y tras notificárselo repetidas veces a la empresa, no les ha quedado otra alternativa que denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo en el día de hoy. “Han sido muchas las veces que se ha intentado hacerle ver a la empres a que tiene que cumplir con el Convenio, con el Estatuto de los Trabajadores y con el Contrato firmado con el Ayuntamiento; pero esta no se aviene a razones e incumple descaradamente con sus obligaciones. No nos queda otra alternativa que denunciar”.

Y añaden que “El Ayuntamiento es plenamente consciente de esta situación y, como les obliga el artículo 201 de la Ley de Contratos del Estado, debe garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos y demás leyes laborales en los contratos que suscribe para dar a empresas privadas la gestión de servicios públicos, como es este caso”.

Curso envasado de ostras y moluscos. 2019

SAD UGT SAN FERNANDO

SAD UGT San Fernando pide que el Ayuntamiento no engañe a más mujeres con unos cursos que no sirven para trabajar como auxiliares de Ayuda a Domicilio.

En el día de ayer, El Ayuntamiento dio a conocer que formará a mujeres desempleadas para su inserción laboral como auxiliares de Ayuda a Domicilio, mediante un curso, organizado por la Concejalía de la Mujer, el cual constará de clases teóricas y prácticas en empresas del sector donde, según el consistorio, las alumnas estarán en contacto con la realidad laboral.

A lo que SAD UGT San Fernando recuerda a la concejala de Políticas Sociales, Virginia Barrera, que ella conoce los requisitos para ejercer esta profesión, y este cursillo no los cumple. Le exigen que no desprecie ni devalúe su profesión con acciones de este tipo. Desde la plantilla del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio se ha expresado en el día de hoy, martes 15 de marzo, su indignación y más profundo rechazo al cursillo para “formar a auxiliares de Ayuda a Domicilio” que anunció en el día de ayer la concejala de Políticas Sociales, Virginia Barrera.

Les sorprende que Barrera, que se ha reunido “varias veces con nuestro comité de empresa en los últimos meses, no se haya dado por enterada, cuando este le ha comunicado cuales son los requisitos legales para poder trabajar como auxiliares de ayuda a domicilio. Ya conoce el Ayuntamiento que hay que cumplir una serie de requisitos de titulación y acreditación profesional, sin los cuales no se puede trabajar en esto, ya que se trata de una formación reglada. Es decir, que está regulada por los planes educativos y existen estudios oficiales para obtener la necesaria titulación. Le recordamos que trabajamos con personas, no con sacos de patatas. Hay que saber movilizar a nuestros dependientes para ducharles, cambiarles la ropa y hacerles cambios posturales. Y eso dudamos que pueda nadie aprenderlo en 60 horas de prácticas. A nadie se le ocurriría poner a trabajar de médicos o enfermeros a una persona sin titulación y con un cursillo de 100 horas ¿Asumirá la Delegada la responsabilidad de los daños físicos que pudiera sufrir cualquier usuario que sea mal atendido por una de estas personas sin titulación? ”.

Le piden que rectifique y anule dicho cursillo, ya que “este ni es adecuado ni acredita legalmente a nadie para poder ejercer este trabajo. Que no engañen a más mujeres con estas acciones formativas que no les van a servir de nada. Sería mejor que centrara sus esfuerzos en proporcionar becas de estudios para que estas mujeres pudieran formarse correctamente, ayudándoles a obtener la titulación de Grado Medio Socio sanitaria, que son dos años de estudios, y no 100 horas, como pretende”.

Terminan exigiendo a Barrera “que no devalúe ni desprecie su profesión. Organizar este tipo de cursillos hace que mucha gente pueda pensar que las trabajadoras de la Ayuda a Domicilio no tienen ningún tipo de formación reglada, cuando nosotras tenemos un título oficial deformación profesional o una acreditación profesional, también oficial expedida por la Junta de Andalucía. El gobierno municipal va a atender en el módulo de la playa a la gente con auxiliares de enfermería, y en sus casas, por lo visto, vale cualquiera sin titulación. Y Barrera sabe, que según dicta la ley y su Reglamento aparecido en el BOE, personas sin formación, no pueden atender a usuarios. Tan solo podrían realizar tareas de limpieza doméstica y realizar la compra. Y para eso, no creemos que haya que organizar un curso ni dar un diploma”

El propio gerente de Rosam, José Manuel Amaya, confirmó a IU-La Isla que el proceso de municipalización es perfectamente posible porque "solo es cuestión de tener voluntad política", y que el caso de Conil es un ejemplo claro de cómo la recuperación del servicio de Ayuda a Domicilio ha contribuido a, entre otras cosas, estabilizar la situación de una plantilla que estaba muy descontenta con la gestión privada, tal y como sucede actualmente en La Isla.

"El caso de Conil, donde gobierna Izquierda Unida, ha demostrado que la gestión municipal es la mejor opción a la hora de gestionar servicios públicos, máxime cuando se tratan de servicios tan esenciales como la Ayuda a Domicilio", sostiene Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU y del Núcleo Comunista 'Pepe Casado'.

La experiencia en Conil ha estabilizado laboralmente a la plantilla subrogada y está permitiendo una mejor atención a las personas que precisan de estos servicios. Además, se está progresando en la elaboración colectiva de la denominada "bolsa de horas" con la que garantizar la máxima atención a la ciudadanía, así como en la implantación de nuevas tecnologías que ayuden a la plantilla a sentirse en todo momento respaldada por la sociedad municipal, garantizando también todo el equipo necesario para desarrollar con seguridad y dignidad su labor.

"Pedimos al gobierno local que apruebe la creación de una comisión para estudiar la municipalización del servicio. No hace falta ser pioneros ni ser referencia, como le gusta decir a la Alcaldesa, sino simplemente estudiar y adaptar los mecanismos que aseguran los derechos laborales y la calidad del servicio sin tener que poner la gestión en manos privadas. En Conil Izquierda Unida ha demostrado que esto es posible, y animamos a conocer su ejemplo, pues es el procedimiento que llevaremos a cabo cuando la ciudadanía nos dé la fuerza necesaria para gobernar el próximo año", asegura Alías.

En la reunión se tomaron notas de las necesidades, de los informes jurídicos de intervención, así como la aplicación de la Ley de Contratación sirviendo como guía a todo el procedimiento. "Tenemos claro que nuestra propuesta de gestión de los servicios públicos a través de una sociedad mercantil mejoraría, no solo la empleabilidad, sino la calidad del servicio a la ciudadanía", afirma Gonzalo Alías.

Actualmente la ley permite que sea una Sociedad Mercantil pública la encargada de recuperar para el municipio la gestión de los servicios públicos locales. "Con esta fórmula no solo ahorramos dinero a la ciudadanía, sino que dicho ahorro podría dirigirse a mejorar las condiciones del servicio. Frente al beneficio económico que persigue toda empresa privada, desde el Ayuntamiento se debe velar por el beneficio social por encima de todo", sentencia Alías.

De esta manera Izquierda Unida continúa con un proceso de reuniones en distintos municipios donde se demuestra que la gestión pública de los servicios municipales es aplicable en La Isla. Estas experiencias servirán como aportaciones para seguir construyendo el Frente Amplio auspiciado por Yolanda Díaz, que será de "obediencia cañaílla" y que tiene en la plataforma ciudadana "Entre Iguales" su espacio de participación.

La portavoz ha recriminado al gobierno que "casi seis meses después" de comunicar a la empresa que no iba a seguir gestionando el servicio, aún no hayan avanzado en la redacción del nuevo pliego "a tres meses de que venza el contrato", lo que puede provocar que esa prórroga alargue una situación laboral "límite" para las trabajadoras de este servicio municipal, que en noviembre se concentraron a las puertas del ayuntamiento exigiendo mejoras en sus condiciones laborales.

Rojas ha remarcado que entre las reclamaciones de las trabajadoras están: que se les compense en los sueldos el coste de los uniformes prometidos y que no les entregaron -186 euros por trabajadora y que Podemos reclamó de nuevo en el pleno del lunes-; conocer la normativa de conciliación a la que tienen derecho y que todavía no se les ha facilitado; o la mejora de la formación, tanto en contenido como que se haga en horario de trabajo o que se remunere en caso de que se haga fuera de su horario laboral. "Unas mejoras que el propio gobierno aprobaba en base a las mociones que los grupos de oposición presentaban en el pleno de noviembre", recuerda la portavoz. Además, desde Podemos piden al gobierno que la empresa aclare a las trabajadoras qué equipos de protección se les están entregando para atender en domicilios con casos de Covid-19 confirmados.

El caso es que no se les está vacunando junto al resto del personal sanitario y sociosanitario por un detalle sin importancia, como es que “hay algún burócrata en la administración que ni
conoce lo que hacemos, ni entiende la importancia de la atención que damos en los domicilios a nuestros dependientes. En la mayoría de los casos mayores e inmunodeprimidos. Es inconcebible que no sepan que nuestro trabajo lo hacemos en los domicilios, por eso se llama
Ayuda a domicilio. La razón que esgrime el SAS para no darnos cita o, en algunos casos, anular las ya dadas, se centra en que no trabajamos en ningún centro sanitario ni sociosanitario de manera física, sino que atendemos a los usuarios en sus propios domicilios. Es decir, el
burócrata de turno al que se le ha ocurrido este protocolo de actuación, no solo no tiene ni idea de lo que tiene entre manos, sino que ni siquiera conoce el riesgo que entraña para los dependientes que sus auxiliares de ayuda a domicilio no estén vacunadas”.

También señalan su impotencia ante la dificultad para que determinados facultativos “bastantes más de los que pensamos, están poniendo para dar bajas laborales a miembros de nuestro colectivo que son contacto directo con un positivo, muchas veces incluso usuarios. Y se niegan a dar la baja, con elconsiguiente riesgo tanto para la auxiliar y el resto de sus
usuarios. Nos parece una temeridad por parte de algunos médicos. Además, al algunos casos,
les niega la baja hasta que den positivo en PCR, pero les obligan a marcharse de la consulta
porque pueden ser positivos. Llegando a la incongruencia de que si son casos sospechosos, sigan trabajando con dependientes de alto rie