En el Hospital de San Carlos este Jueves, por tercera semana consecutiva, los trabajadores se concentrarán en la entrada principal a las 12 de la mañana convocados por la sección Sindical de CCOO en este centro, para manifestar su total desacuerdo con la medida impuesta por el Gobierno Central y exigir que se paralice.

El Gobierno de España hace caso omiso, vulnerando el acuerdo llegado en Mesa General de Función Pública de la Junta de Andalucía, cuando por unanimidad entre el Gobierno Andaluz y las organizaciones sindicales se aprobó recuperar un derecho y volver a las 35 horas por los beneficios que aporta a los empleados públicos andaluces y a la ciudadanía en general. La jornada de 35 horas se implantó en Andalucía el 16 de enero de 2017 y el último día posible, 14 de julio de 2017, el Gobierno decidió recurrir la jornada de 35 horas en Andalucía.

El Gobierno tiene en su mano rectificar esta decisión, pidiéndole al Tribunal Constitucional que no lleve a efecto la suspensión cautelar de las 35 horas. Si no recapacita y sigue hacia delante con el recurso, las movilizaciones serán continuadas. No obstante, reclamamos al gobierno central que no sólo reconozca las 35 horas semanales, sino todo el conjunto de derechos que nos han arrebatado en los últimos años.

En concreto, la jornada de 35 horas semanales es un derecho que posibilita la conciliación familiar, garantiza una mejor asistencia y supone una apuesta por la creación de empleo. No podemos permanecer impasibles ante la posibilidad del retorno a las 37,5 horas semanales, ya que esta jornada laboral supuso importantes desajustes, destrucción de empleo y en consecuencia un empeoramiento del servicio prestado a la ciudadanía.

En definitiva, la suspensión cautelar de las 35 horas no sólo afecta a los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público andaluz, sino que creará en el caso de aplicarse graves perjuicios tanto a la creación de empleo, a la economía andaluza, al consumo, a la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de la administración, a la carga de trabajo de los y las profesionales, y a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía. No podemos, ni debemos consentir que nos arrebaten los derechos conquistados por medio del derecho a la negociación colectiva que la Ley nos confiere.

Si quieren evitar la conflictividad social que nos dejen la jornada de 35 horas semanales. No sería de recibo que nos la quitaran nuevamente y a tres meses de fin de año, con las dificultades organizativas que ello conlleva en todos los sectores. Es preciso, para ello, que la medida se paralice. Ni los trabajadores, ni el conjunto de andaluces somos responsables de los pulsos políticos que el Gobierno Central quiera plantear al autonómico.