El grupo municipal Ciudadanos ha denunciado el descontrol en el que se encuentra  sumido el Ayuntamiento de San Fernando y se pregunta cuál ha sido el papel de los cargos de confianza del extinto partido andalucista en los gobiernos del Partido Popular y en la actualidad del PSOE.

La portavoz de Cs, Mayte Mas, teme que esta forma de actuar “también se haya producido cuando estaba al frente de la ciudad el Partido Popular, porque en ambos casos populares y socialistas se apoyaban en el antiguo partido andalucista. Por ello exigimos que den las explicaciones oportunas  y que ambos partidos aclaren si ha sido el personal de confianza del extinto PA quien ha llevado las riendas De San Fernando”

El último problema que se ha encontrado el Consistorio isleño ha sido el pago de una factura por valor de más de 58.000 euros a la empresa de recogida de animales Residencia Canina La Luna S.L.

La portavoz de Cs, Mayte Mas, ha explicado que “a pesar de que esta empresa no disponía de contrato vigente desde 2016, ha seguido prestando el servicio  hasta marzo de este año 2017”.

Con no ser poco lo anterior, “aquí no acaba el desaguisado, ya que quien se dice en los informes que  dió la orden para prorrogar el contrato fue un cargo de confianza del extinto PA, que no ostenta ningún poder para poder decidir”.

Según el informe del interventor, fue el cargo de confianza quien dio la orden, a pesar de que  no desarrolla competencia alguna, no tiene delegación de la alcaldesa ni tiene  funciones de tramitación, que por ley  le corresponde al Jefe de Servicio del Área de Medio ambiente. Tampoco existe, informe técnico, que correría a cargo del Técnico especialista del Área. Además el interventor  enfatiza en que no existe informe alguno en el expediente de estos dos técnicos  y que la decisión tomada por esta persona de confianza es intrascendente para el expediente y además es una mala práctica no conforme a derecho.

Ciudadanos va más allá, y considera que de haber ocurrido así los hechos, se habría actuado contra ley.

En este sentido, Mas pide explicaciones a la alcaldesa y al responsable del área de desarrollo sostenible, Fran Romero, y se preguntan “si ninguno de ellos conocía esta situación que obligará a los isleños a pagar más de 58.000 euros”

Para finalizar, la portavoz ha apuntado que “habrá que depurar responsabilidades porque esta situación, entre otras cosas, ha evitado que  se hiciera una plica nueva y que quizás empresas con medidas más beneficiosas para la ciudad hayan podido pujar por este servicio”.