3R ha pedido al Ayuntamiento de San Fernando que venda la Casa Lazaga dada su incapacidad para repararla y menos aún para darle un fin beneficioso para la ciudad. Hay que tener en cuenta que se adjudicaron obras de rehabilitación durante el mandato de José Loaiza, pero la empresa adjudicataria desistió por el alto coste de la obra y el precio de adjudicación.

“Nos acercamos al umbral de casi 16 años y ahí sigue abandonada a su suerte y expuesta a que un día, se nos caiga, dado el grave deterioro estructural de la edificación” por lo que lo más razonable es enajenarla mediante licitación pública de la misma, no solo para dotar a ese edificio de la dignidad que se merece y si es posible ampliar la oferta hotelera de San Fernando que es “lamentable” sino para “insuflar aire fresco a nuestras cuentas públicas y ni que decir tiene, en la creación de empleo y riquezas para esta ciudad, que bien necesitada se encuentra”.

3R considera que “La economía local languidece, mientras escuchamos discursos que ruboriza a los ciudadanos, como ese de cambiar modelos económicos; concejales de pueblo, queriendo sustituir al sistema educativo, único capaz de cambiar los patrones de crecimiento económico y por desgracia, a muy largo plazo”.

San Fernando cuenta, para los más optimistas, con 420 unidades de alojamiento, mientras Chiclana supera las 10.000 plazas, “algo que es indicativo de que llevamos años mirando para otro lado, en este motor de la economía local, como es nuestra oferta turística, en esta rica oferta turística, que para contar, contamos hasta con una sublime oferta en Patrimonio Histórico y Cultural”.

3R pide a la alcaldesa, Patricia Cavada, que ponga en marcha ese “mega-departamento que nos anunciaba días atrás de contratación”, con objeto de redactar los pliegos para la licitación pública del Palacio-Casa Lazaga, a través de la enajenación directa del mismo y dirigido al sector hotelero, “ese que a día de hoy se encuentra en pleno periodo alcista y de expansión para su puesta en valor. Ni que decir tiene, no sería excluyente, ante la opción de la concesión administrativa para con su explotación, eso sí con altos índices de bondades, con objeto de hacer atractiva la inversión”.