El alcalde isleño , José Loaiza compareción en rueda de prensa para informar del del requerimiento realizado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a cuyo frente está Mercedes Alaya, para que investigue la situación en que se encuentra el Centro de Técnicas Industriales (CTI), al que se vinculan empresas relacionadas con el ex consejero andaluz Ángel Ojeda.

Loaiza explica que se ha remitido un escrito a la juez reclamándole que indague sobre los motivos que llevaron a la Junta de Andalucía a "cerrar y dar carpetazo" a este consorcio controlado por la Administración autonómica.

La postura municipal está avalada, según el alcalde, por la documentación que va llegando al Ayuntamiento isleño, toda vez que la Junta de Andalucía decidió, "de manera sorpresiva y unilateral, dar la espantada" a comienzos del presenté año y clausurar unas instalaciones que, hasta ese momento, eran calificadas de "modélicas" por todas las instancias andaluzas.

El consorcio Centro de Técnicas Industriales (CTI) está integrado en un 90 por ciento por la Junta de Andalucía y el diez por ciento restante por el Ayuntamiento, una participación testimonial "y de lealtad institucional", ya que, según aclara, el Consistorio no participaba de la gestión del mismo.

"Desde la espantada de la Junta de Andalucía le estamos requiriendo a la Consejería de Educación que se siente en la misma mesa para proceder a la liquidación y el cierre del CTI, algo que se nos niega constantemente", asegura.

Por ello, el regidor isleño se pregunta "qué es lo que hay en el CTI para que la Junta no quiera entregar las cuentas, no quiera que se haga una auditoría para proceder a su liquidación".

Además, Loaiza ha hecho hincapié en que el consorcio isleño es el único de toda Andalucía que la Junta "ni ha liquidado ni ha informado que se vaya a proceder a ello".

Explica que, mientras tanto, al Ayuntamiento continúan llegando las notificaciones de empresa y administraciones relativas al Centro de Técnicas Industriales. Afirma que incluso la propia Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, ha remitido al Consistorio de San Fernando dos requerimientos exigiendo al consorcio, "es decir, exigiéndose a sí mismos", un total de 2,4 millones de euros tras detectar "presuntas irregularidades" en varios cursos impartidos en el CTI.

Ante esta situación, es el propio Loaiza quién pregunta a la Junta de Andalucía, encargada de la adjudicación y el procedimiento de los cursos que durante años se ofrecieron en el citado consorcio, "dónde está ese dinero".

Por todo ello, el alcalde 'popular' ha instado a la juez Alaya que "rasque en este asunto porque hay demasiadas incógnitas y algo no huele bien". En este sentido, alude a la "aparición en escena" en dicho centro de la Federación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) y la relación de empresas de formación ligadas al exconsejero socialista Ángel Ojeda.